Carlos Gorriarán ha dicho en rueda de prensa que su partido, UPyD, estaría dispuesto a firmar un gran acuerdo con el PP para luchar contra la corrupción; pero ha advertido que en caso de que se llegara a ese pacto, en ningún caso estaría basado en medidas “cosméticas”, sino que recogería medidas duras para eliminar la corrupción y el saqueo de las instituciones.
La propuesta de UPyD se contrapone a las declaraciones del secretario de organización del Psoe, César Luena, que tras la macro redada del pasado lunes advirtió de que los socialistas no tienen la menor intención de llegar con el PP a ningún tipo de acuerdo contra la corrupción.
Se equivoca Luena y se equivoca su jefe Pedro Sánchez. En estos momentos de desazón, vergüenza, indignación y tristeza por la envergadura de los casos de corrupción, sería bienvenido un pacto entre los grandes partidos. Podría contribuir a prestigiar a una profundamente desprestigiada clase política. Incluidos destacados dirigentes socialistas, aunque el escándalo alcanza sobre todo al PP y, por supuesto, a CiU, que encabeza el cuadro de honor de los corruptos. Pero en el socialismo andaluz hay historias que claman al cielo y, sin ir más lejos, en la redada de esta semana ha sido detenido el alcalde de un importante municipio de Madrid, Parla, por quien habían dado la cara Pedro Sánchez y Tomás Gómez. Y se la han roto.
Pocas iniciativas agradecerían más los españoles que un gran pacto contra la corrupción. Un pacto riguroso, serio, sin matices. Un pacto para que los políticos decentes fueran implacables con quienes no lo son, caiga quien caiga. Un pacto que no sólo arremata contra los protagonistas de los actos delictivos, sino también contra quienes no ponen suficiente interés en investigar qué ocurre en sus respectivos partidos y prefieren eludir responsabilidades mirando hacia otro lado.
No miente Ángel Acebes cuando declara ante el juez que desde la secretaría general no se seguía el día a día de lo que se cocía en la gerencia y la tesorería del PP. No miente, pero no se concibe que los máximos dirigentes de los partidos –no solo del PP- no pidan cuentas a los tesoreros y administradores. Un pacto contra la corrupción debería obligar a los secretarios generales a responsabilizarse de los ingresos y los gastos de sus partidos.
No podemos permitirnos el lujo de tener una clase política desprestigiada por los casos de corrupción, no podemos permitirnos el lujo de votar a dirigentes que se mueven en la delincuencia. No podemos aceptar como gobernantes y dirigentes de la oposición a personas que se toman la política como el medio para engrosar sus cuentas corrientes, evadir impuestos y blanquear capitales ilegalmente conseguidos.
El pacto anticorrupción es necesario. No para tapar, sino para desenmascarar a los que delinquen. Hay que lograr ese pacto aunque no guste a Pedro Sánchez.
