La “Declaración de Montánchez” –yo estuve allí, en Montánchez, y la firmé por la Diputación de Ourense- se celebró en octubre del 2016. Tras bastantes reuniones previas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que manifestaba la apuesta por incluir la despoblación en una estrategia nacional, entran en baza las Diputaciones, ya que estas conocen mejor que nadie el despoblamiento progresivo de las zonas rurales. Se hacen declaraciones conjuntas, aceptando que este fenómeno se ha convertido en un problema grave y prioritario para la Administración local. Se firma, a continuación, la “Declaración de Montánchez” sobre el despoblamiento del medio rural. Fue impulsada por la Diputación de Cáceres y firmada por el presidente de la Junta de Extremadura y Diputaciones provinciales, entre las que lo hizo Ourense. Los firmantes alzan la voz ante el proceso de despoblamiento y consiguiente deterioro… y contemplan la introducción de medidas fiscales y ayudas económicas, etc. Han pasado siete años, ¿y?
Por aquel entonces escribí en La Región: “Ayudar a los ayuntamientos y a las diputaciones en la promoción del desarrollo rural a través acciones de consciencia social, empresarial y política, que impulsen la valorización del rural. Los ciudadanos tienen derecho a servicios públicos de calidad en el mundo urbano como en el rural, equidad”. Me decía, en aquellas fechas, el presidente socialista de la Diputación de Huesca que los ratios para la programación de servicios son los mismos para municipios de 500 habitantes que de 500 mil, porque no se tiene en cuenta criterios como dispersión, orografía o envejecimiento “y así no aguantamos en provincias como las que representamos, Rosendo”. ¡Toda la razón!
Un año después, en el 2017, es el II Congreso Nacional de Despoblación en Huesca, y disertamos sobre la problemática que teníamos los políticos en general y los de altura en particular –está recogido en un artículo- de que ya habíamos llegado al “desierto o invierno demográfico” en muchas zonas de España y del que no se salva Europa; una inercia derivada al no alcance del recambio generacional. En las zonas rurales, debido al éxodo de los años sesenta del siglo pasado, al que se ha sumado el envejecimiento de los que se quedaron... hoy estamos inmersos en un problema de Estado y hay que aplicar propuestas de Estado. Ya, en el 2018, la noticia fue que la lucha contra la despoblación contaba con un nuevo instrumento, cual era la Cátedra del Reto Demográfico del centro de estudios superiores Next y Sociedad Civil por el Debate, que dirige Manuel Campo Vidal, motivo por el que La Región saca un titular: “La caída demográfica cuesta a cada vecino 280 euros más en impuestos”. Ya en 2020, la Diputación de Ourense fue invitada en Gredos a la Conferencia Europea de Diputaciones, CCAA y Administración General del Estado para la Repoblación Rural y Territorial y posterior firma del “Gran pacto por la innovación y emprendimiento para la repoblación rural y territorial”, conferencia de rango supranacional.
Hace 10 años apenas se hablaba de despoblación y fueron muchas las instituciones y personas que, con su insistencia, hicieron posible que la España rural entrara en la agenda política y de los medios de comunicación. Señalar que este curso escolar que acaba de alumbrar tiene la cifra más baja de alumnos de toda la historia, fruto del creciente declive demográfico, unido a la dispersión demográfica y envejecimiento, hace que la prestación de servicios sea más costosa. Hoy mismo leo que el doctor en Economía, trabajador del Banco Mundial y responsable de educación en organismos internacionales Lucas Gortázar expone: “El coste de un alumno en un centro muy pequeño puede ser de 12.000 a 15.000 euros/año, mientras que en un colegio de 2 o 3 aulas por curso es de 5.000 a 6.000 euros”. Es momento, comenzando un nuevo mandato político, de que el Grupo Popular en la Diputación de Ourense presente una moción instando al Gobierno de España –veremos a quién le toca- a un cambio en el modelo de financiamiento de las entidades locales en la lucha contra el despoblamiento: discriminación fiscal positiva, mejora de criterios de repartos de los fondos, etc. Resulta inaudito que el despoblamiento rural sea una consecuencia de las políticas nacionales y comunitarias que priorizan el desarrollo urbano, aun sabiendo que el desarrollo humano será imposible sin el rural, tal como se declara en la “Declaración de Montánchez”. Mientras, el pasado 8 de septiembre, desayunaba con el titular de La Región: “La UE busca en Lugo cómo dar solución al reto demográfico”. Ni Xunta ni Diputaciones fueron invitadas. Así ¡no solucionamos nada! Mágoa!
