En poco más de 5 años, la deuda pública española ha protagonizado una escalada sin precedentes, que supera con creces el 50% del PIB. En el denominador encontramos un deterioro prolongado y sustancial de la actividad, que ha contraído el valor de lo que España ha producido cada año. Y en el numerador las consecuencias de tener que financiar una serie de desequilibrios presupuestarios que sumaron cerca de 455.000 millones de euros entre 2008 y 2012, y a los que convendrá añadir la cosecha de 2013, que no se augura precisamente escasa aún cuando se cumpla el objetivo establecido (6,5%).
Dos son los vértices del gasto anual que más han venido presionando a lo largo de este tiempo, y también dos los que encontramos en el ingreso. Así, centrándonos en el primer frente tenemos el gasto social, con especial incidencia de las consecuencias de un país envejecido en lo demográfico y parado en lo laboral; y el gasto financiero, aunque más por la incidencia del volumen de deuda que por el tipo de interés medio aplicado sobre el mismo: a pesar de las turbulencias de los dos últimos ejercicios, el coste medio de la deuda -en el entorno del 4%- se ha mantenido por debajo del promedio observado en las emisiones posteriores a la asunción del euro, situado alrededor del 4,50%. En el segundo, por su parte, encontramos el fracaso manifiesto de la lucha contra el fraude y la contundente disminución de la recaudación tributaria, con mermas anuales superiores al 5% del PIB desde 2007; proporción sólo comparable, en el seno de la UE, con la observada en Bulgaria, cuya arquitectura fiscal dista de ser homologable a la española.
A todo lo anterior, hasta cierto punto 'orgánico', conviene añadir aspectos de índole extraordinaria, entre los que destacan especialmente cuatro: la financiación del déficit de tarifa eléctrico, que viene asumiendo el Estado; las aportaciones españolas a los diversos mecanismos europeos de rescate, que la Comisión ha juzgado irrecuperables; los fondos -netos de intereses- destinados al Plan de pago a proveedores, por suponer una sustitución nominal de acreedores, ordinarios por financieros; y el resultado de las ayudas -también netas de intereses y comisiones- que nuestra Administración pública ha comprometido en la reestructuración bancaria, también juzgadas irrecuperables. Y, a la vista está, en efecto irrecuperables?
