Con el precio oficial del dinero en su mínimo histórico desde hace sólo un mes, no cabía esperar grandes novedades en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de diciembre. En este sentido, las declaraciones de Mario Draghi han ido, una vez más, dirigidas a transmitir a los mercados la idea de que la autoridad monetaria cuenta con herramientas y voluntad suficientes para activar nuevos estímulos si así lo requiriera la situación en el futuro. En la mente de todos, la posibilidad de asistir a una nueva ronda de liquidez ilimitada a medio o largo plazo como las impulsadas en diciembre de 2011 y febrero de 2012, si bien ahora sujeta a alguna condición que garantice el destino tantas veces anunciado: familias y empresas.
Con todo, el desafío no es tanto de liquidez (máxima) o precio (mínimo) como de la velocidad a la que circula ese ingente volumen de fondos casi gratuitos que se ha inyectado en el sistema. De esto sabe bien la economía real, con transacciones y actividad bajo mínimos, pero también una parte significativa y visible de la financiera. En la renta variable encontramos un claro ejemplo: la subida de los índices bursátiles desde la quiebra de Lehman Brothers se ha visto acompañada, a ambos lados del Atlántico, de un volumen de contratación mínimo, hoy situado en cotas propias de finales del siglo pasado. En definitiva, la eurozona se enfrenta a lo que los economistas denominan trampa de liquidez; situación en la que la preferencia de los agentes económicos por la disponibilidad de fondos tiende al absoluto, no obstante lo reducido del precio del dinero. En otras palabras, el que lo tiene prefiere conservarlo que invertirlo. O nunca hubo tanto dinero que se moviera tan poco.
Así las cosas, de poco servirán las medidas destinadas a aumentar la masa monetaria en circulación. La situación demanda iniciativas audaces que por pasan penalizar la inmovilización de fondos, sin vacilación alguna en lo relativo a los depositados en el propio BCE; por reinterpretar el fair play cambiario, para no sacrificar el esfuerzo social destinado a ganar competitividad; y, por qué no, por establecer fechas de caducidad para determinadas emisiones. Esta idea, que apuntó en 1995 el novelista Alberto Vázquez Figueroa, y que Paul Krugman hizo suya en 2008, podría reducir el fraude, dinamizar la economía y, siendo puristas, asignarle una fecha de consumo preferente.
