Opinión

LA CAPITAL DE LA BASURA

Las ensoñaciones del tándem formado por Artur Mas y Oriol Junqueras tuvieron, hace poco, una sorprendente precursora. El pasado 11 de abril, en la sede de la Unesco en París, la italiana Maria Cristina Finucci, esposa del actual embajador de Italia en España, proclamó el nacimiento de un nuevo Estado en el mundo, al que llamó Garbage Patch State. Con aquella acción reivindicativa de lo que constituye un proyecto denominado Wasteland, la Finucci quiso otorgar repercusión mediática a toda una vergüenza global que pasa inadvertida para el gran público aunque supone una seria amenaza para la vida en el planeta: la existencia del Estado de la Mancha de Basura. Un archipiélago global integrado por, al menos, cinco grandes islas que se localizarían en los Océanos Atlántico (norte y sur), Pacífico (norte y sur) e Índico, compuestas por residuos de muy diversa naturaleza y difícil biodegradación.


Según diversas estimaciones, estas plataformas ya permanentes, aunque continuamente cambiantes en lo relativo a su fisonomía, lindes y emplazamiento exacto, habrían multiplicado por 100 su tamaño desde que fueron descubiertas por primera vez, a comienzos de los setenta, hasta acumular unos 100 millones de toneladas de deshechos y alcanzar una profundidad máxima de unos 30 metros y una superficie aproximada de 15,9 millones de kilómetros cuadrados. Lo que convierte al 'nuevo Estado' en el segundo más extenso del mundo, sólo por detrás de Rusia, con sus 17,1 millones.


Lejos de combatir la amenaza, desde España se ha contribuido a este desmedido afán de expansión territorial de Garbage Patch con tres grandes aportaciones en sólo una semana. La primera, en el ámbito de la educación, en cuyo Ministerio se interpretó el nuevo reparto que fondos Erasmus que hará la Comisión Europea de un modo tal que a su portavoz le mereció el calificativo de basura. La segunda, en la esfera de la justicia, tras conocer el fallo por el hundimiento del Prestige, que tira a la basura, en ausencia de responsables, los 4.328 millones de euros que costó al erario público aquella catástrofe ecológica y ambiental. Y la tercera, donde más duele en este momento, que es la imagen internacional que nuestro país proyecta a través de Madrid. La ciudad a la que, precisamente, se trasladó la Finucci a comienzos de año, sin imaginar entonces que terminaría residiendo en la capital de la basura.

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