Entiendo que, a estas alturas, serán pocas las dudas, siquiera sea por lo que se ha insistido desde esta tribuna: el del endeudamiento es uno de los vértices de la crisis. Herramienta de acceso tradicionalmente exclusivo, su progresiva extensión a todas las capas sociales ha sido un fenómeno relativamente reciente. Y, al mismo tiempo, parte de una estrategia. Con la finalidad de mantener los niveles de inversión empresarial y consumo familiar, todos los grandes episodios de crisis que se han sucedido a lo largo de las tres últimas décadas entre los países más desarrollados se han resuelto con un denominador común: una drástica reducción del tipo de interés que la banca paga a los Bancos Centrales por aprovisionarse de liquidez; y una mayor permisividad en el acceso al crédito del sector, público o privado, menos apalancado, para incentivar su liderazgo. Por lo que a España respecta, este bálsamo -que no medicina- ha desembocado en una espiral crediticia sin precedentes, en la que se ha prestado cada vez más, durante más tiempo, a más personas, físicas y jurídicas, públicas o privadas. Hasta desembocar en un umbral de dudosa sostenibilidad, difícil salida y gestión lastimosa.
El crédito es, pues, el origen. Pero también se antoja solución: en ausencia de financiación, son muchas las empresas que se ven abocados al cierre. Con la consiguiente destrucción de riqueza y empleo. De ahí el reclamo, insistente, de liquidez entre las principales organizaciones empresariales que representan a las pymes y autónomos de nuestro país. Y las iniciativas que, incluso desde Alemania y el propio BCE, parecen encaminadas a resolver la encrucijada a la que, a diario, se enfrenta la denominada demanda solvente, antes de que también deje de serlo.
Precisamente en su identificación reside una de las grandes dificultades. Máxime cuando parece rota la correspondencia entre la deuda y el valor de sus garantías. Las segundas caen fruto del entorno deflacionario de activos financieros e inmobiliarios. Y se mantiene, a grandes rasgos, la primera: con datos de la Comisión Europea para 2012, las familias y empresas no financieras españolas acumulaban pasivos bancarios por un volumen equivalente al 213,5% del PIB. Sólo unos 15 puntos porcentuales menos que los observados durante los meses centrales de 2010, cuando se alcanzó el máximo histórico. Y algo más de 50 por encima del umbral estimado deseable (160%). Así, pues, no obstante la sensación de restricción crediticia, apenas ha dado inicio el proceso de desendeudamiento.
