Coincidiendo con el eco de una alarmante reflexión del rotativo británico The Telegraph sobre la solvencia de nuestro país, el Banco de España informó, el pasado lunes, que los pasivos de las administraciones públicas españolas, consolidados según los criterios de Eurostat a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, alcanzaron los 923.311 millones de euros al término del primer trimestre de 2013. O, lo que es lo mismo, que la deuda pública española se había situado a la altura del pasado mes de marzo en un nivel equivalente al 87,8% del PIB. Porcentaje que ya supera ampliamente el doble del existente al inicio de la crisis (36,1% en 2007). Y que responde, en lo transcurrido del ejercicio, a un salto de nivel tras el que concurren dos hitos significativos.
El primero guarda relación con el impulso que el volumen acumulado ha experimentado en sólo un trimestre: 39.438 millones. Una magnitud que, lejos de pasar desapercibida, resulta familiar y cercana, por aproximarse a la pérdida conjunta que la banca rescatada apuntó a cierre de 2012 (41.038 millones) y al volumen de fondos que el Mecanismo Europeo de Estabilidad prestó al FROB (41.334 millones) para afrontar la última recapitalización de la banca española y apoyar la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), o banco malo. A fin de cuentas, en sólo un trimestre, el sector público español ha terminado emitiendo deuda por un volumen equivalente al que provocó el sonrojo financiero internacional de pedir un rescate, memorando incluido.
El segundo nos remite al entorno. En términos comparados, o de deuda sobre PIB, España ha superado, por vez primera, el listón de la Unión Europea de 27 miembros (85,4% a cierre de 2012), y se aproxima al de la eurozona (90,7% en la misma fecha). Décimas al margen, queda claro que el de la deuda pública no es problema exclusivo de España. Es compartido. Y es europeo, y -en general- occidental. Yendo a lo más próximo, es la consecuencia de un modelo de bienestar que el resto del mundo anhela y que, al mismo tiempo, financia. Y que un año tras otro se pone de manifiesto en déficits públicos persistentes y generalizados, cuya capacidad de resolución, hasta hace poco incuestionada, comienza a perder credibilidad entre los acreedores.
