No esperemos, para el día después de las elecciones, una corrección significativa de la prima de riesgo, cuyo nivel de los cuatro últimos días resume un desaguisado de cuatro años, culminado con cuatro largos meses de interinidad. Tampoco parece previsible que se produzca una explosión bursátil. Ni momentos de euforia colectiva que devuelvan de inmediato el apetito externo por lo español y la confianza interna en lo relativo a recuperar la senda de la prosperidad. Es cierto que a ojos de los mercados, generan mayor atractivo gobiernos uniformes dotados de mayorías significativas que gobiernos de composición heterogénea acompañados de mayorías minoritarias e inestables. Siquiera sea por eliminar, desde el inicio de una legislatura, elementos de incertidumbre en cuanto a su viabilidad posterior, y a la valentía que se les presume a la hora de adoptar medidas de calado. El caso es que, el día después, los mercados ya habrán descontado lo que, con tanta contundencia, han venido cotizando las encuestas.
A partir de ahí, tras la convocatoria, llega la configuración del nuevo gobierno, que habrá de enfrentarse a un escenario extremadamente complejo, delimitado por el cansancio económico, la anorexia financiera y el vértigo político que supone gobernar sin apenas tiempo para tomar decisiones. La tendencia del entorno -también los precedentes inmediatos- sitúa el tándem formado por ajuste y recorte en una hoja de ruta con dos objetivos inmediatos. Primero, suprimir del ideario colectivo la asociación entre España y el conjunto de países considerados díscolos desde el punto de vista fiscal. Y, segundo, restablecer la confianza en las finanzas públicas para, de este modo, devolver al ámbito de la liquidez lo que amenaza con convertirse en un problema de solvencia.
En cualquier caso, el éxito del proceso dependerá de las medidas que se articulen para propiciar el restablecimiento sano del crédito, sin cuyo concurso no se contempla estrategia alguna de crecimiento. Lo que pasa, necesariamente, por culminar de manera favorable los procesos, todavía inacabados, de reestructuración bancaria y de saneamiento inmobiliario. Porque el problema inmediato al que se enfrenta España no es, en sentido estricto, de deuda soberana. Es, más bien, un soberano problema de deuda.
