En su Informe Anual 2012, publicado a finales del pasado mes de mayo, reclamaba el Banco de España una vuelta de tuerca laboral que, como todas las del género, terminaría resultando polémica. La propuesta de despacho, que levantó ampollas en la calle, pasaba por la creación -en sentido figurado- de una zona exclusión laboral para colectivos poco cualificados, jóvenes y mayores de 55 años, en la que se permitiesen -entre otras salvedades- remuneraciones inferiores a las que establece el salario mínimo interprofesional. El miércoles de esta semana era el FMI (Fondo Monetario Internacional) el que se sumaba a la demanda de una 'significativa moderación salarial' en el informe de conclusiones preliminares que, tras su visita a nuestro país, han dado a conocer los hombres de negro.
Entendida en sentido amplio, la remuneración de los trabajadores representa un factor clave a la hora de tomar el pulso al tejido productivo de un país. Con más motivo, si cabe, en una economía como la española, con especialización relativa en segmentos del sector servicios, y de la construcción, fuertemente dependientes de la mano de obra. O en segmentos del sector industrial de intensidad tecnológica media que compiten, además, con la producción de economías emergentes y del sudeste asiático, mucho más permisivas. El de las condiciones salariales es, en este contexto, un aspecto crucial en toda reforma encaminada a reinterpretar y mejorar la competitividad exterior de la economía.
Pero no es el único de los factores sobre los que cabe adoptar medidas de moderación, flexibilidad y eficiencia: en conjunto, las compañías que integran el ÍBEX-35 han convertido al más representativo de nuestros índices bursátiles en el más rentable del mundo por dividendo. Lo que hace impermeables al capital las exigencias referidas al factor trabajo, cuando éste está asumiendo, con rotundidad, responsabilidades en el combate de la crisis: con un 15,1% menos de ocupados (3,074 millones de trabajadores que han dejado de serlo), España culminó 2012 con un PIB (1,049 billones de euros) equiparable al de 2007 (1.053 billones). Lo que supone, entre ambos ejercicios, un incremento del producto por ocupado del 17,4%; porcentaje del que deberían de tomar nota los que ahora reclaman contención, y hasta hace bien poco exigían remuneraciones ligadas a la productividad. O, sin más remilgos, aquello de más por menos.
