Ante el más que previsible recrudecimiento de la crisis, la UE ha decidido, por segunda vez desde 2008, acudir en auxilio de la banca. El objetivo es adecuar los balances del sector al deterioro que se avecina, y combatir su fragilidad con un programa, aún por definir, de recapitalizaciones. En efecto, no es todavía posible afirmar que exista un plan destinado a inyectar, una vez más, fondos públicos. Ni siquiera contamos con una estimación oficial de las necesidades (sólo el Fondo Monetario Internacional parece haber realizado avances en este sentido). De momento, lo que las autoridades han trasladado a la sociedad es temor y voluntad, en proporciones -eso sí- todavía desiguales.
El BCE acaba de hacer su pequeña contribución, al comprometerse a proporcionar liquidez sin límites. Aunque por plazos cortos, las entidades de la eurozona tienen garantizado el acceso al crédito a un coste, además, reducido que, no obstante, repercutirán de modo bien diferente a empresas y familias. Desde que diera inicio la crisis, la política de comisiones y tipos de interés ha experimentado una profunda transformación encaminada a poner en valor la prestación de un conjunto de servicios hasta hace poco incluso gratuitos, a aplicar de manera efectiva primas de riesgo, y a dar soporte a las necesidades de saneamiento de la parte dañada de la cartera.
Así, en lo relativo a comisiones tenemos, con datos de 2010, que sólo Italia superaba a España en la UE-27. Con 178 euros anuales, cada usuario español asume un 60,4% más que el usuario medio comunitario. Y seis veces más que los de países tan próximos como Bélgica o Portugal. Lejos de converger hacia la media, las tarifas de 2011 prolongan el gap. Por lo que respecta a los tipos de interés, la limitación normativa a la remuneración de depósitos convive con el encarecimiento del crédito; ya sea al consumo, con tarifas que multiplican por dos las más frecuentes hace sólo tres años, ya hipotecario, con diferenciales medios sobre el euríbor a un año tres veces superiores al mínimo observado en junio de 2008. En definitiva, empresas y familias protagonizan y soportan, en cada recibo, una estrategia nada despreciable de recapitalización.
