Hace unos meses, cuando el ministro de Fomento decidió dar un puñetazo en la mesa para corregir la descontrolada situación de los controladores aéreos, contaba a quien quería escucharle que tenía un plan b para responder al colectivo si éste decidía encastillarse y hacer valer su poder. El plan pasaba por la formación de nuevos profesionales, la habilitación de controladores militares o la contratación de técnicos europeos. Ninguna de estas medidas hubiera servido para hacer frente a la masiva epidemia de ansiedad que afectó a los controladores en el arranque del pasado puente, pero la indigna actuación de estos privilegiados trabajadores dejó en evidencia que ninguna de estas medidas alternativas estaba a punto.
Ahora el presidente del Gobierno ha explicado en el Congreso las razones que le llevaron a tomar la decisión extraordinaria de declarar el estado de alarma para resolver la excepcional situación creada por los controladores. La defensa no era difícil. Visto el desarrollo del conflicto y la desafiante actitud de los controladores era complicado encontrar otra salida con la ley en la mano. La medida permitió reabrir el espacio aéreo en un tiempo récord y sirvió como eficaz terapia contra la fingida ansiedad de los controladores: todos, milagrosamente, sanaron de inmediato.
Pero quedan sin responder preguntas fundamentales. Y la principal es cómo conseguiremos retornar a la normalidad cuando se desactive el estado de alarma. Teniendo en cuenta que la normalidad no es sólo que las cosas vuelvan a funcionar sin sobresaltos, que los controladores se ajusten a la ley si quieren plantear un conflicto laboral, sino que quienes desafiaron a sus conciudadanos y al Estado promoviendo una acción ilegal paguen por ello como corresponde. Como cualquier otro trabajador, sin más.
