D esde que dio comienzo la instrucción del caso Nóos, sobre todo en lo concerniente a la infanta Cristina, cosas extrañas se han visto que han dejado perplejo a más de uno. Cosas veredes. Y no me refiero, desde luego, a la labor de sus abogados y a la estrategia seguida, consistente en presentarla como la esposa crédula y confiada en la honradez de su marido y en la bondad de las actividades de éste, ajena por tanto a la ilicitud de los negocios en los que andaba metiendo la mano Urdangarín. Y si esa versión no se la traga nadie, bastará entonces con traer a colación la doctrina Botín, de modo que, como ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado (en defensa de la Hacienda Pública) acusan, la defendida no puede sentarse en el banquillo de los acusados ni ser sometida al escarnio del juicio oral. Nada que objetar a la labor de la defensa jurídica, cuya misión es, precisamente, usar todos los argumentos fácticos y jurídicos para lograr que su representada salga indemne.
Claro que pocas veces la defensa en un proceso penal contará con tan ilustres compañeros de viaje: el fiscal, empecinado en defender a la infanta imputada con ahínco y desvelo, recurriendo en fase de instrucción toda resolución del juez Castro de la que se pudiera atisbar mínimamente una incriminación penal hacia el proceder de la infanta, como si le fuera toda la vida en ello, como si fuese el fámulo más servil de la Casa Regia. “Quién pillara a un fiscal así en nuestros juicios cuando ejercemos como abogados defensores”, podríamos pensar muchos. Pero ahí no acaba el contubernio, el compadreo vergonzante de ciertas instituciones públicas rendidas a la labor de limpieza de la Casa Real; la Hacienda Pública se convirtió en este proceso en una máquina perfectamente engrasada capaz de escupir cuantos “sesudos” informes a la carta fueren menester para exculpar a la infanta Cristina, aunque ello implicase un enorme descrédito para la institución que ha de velar por que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, en un país éste dado a veces a la picaresca para escaquearse y así poder pagar menos pasta al fisco. El (pen)último informe elaborado por la Hacienda Pública se lo sacó de la chistera la Abogacía del Estado en la primera sesión del juicio oral, buscando el efecto sorpresa, lo que prueba su elaboración ad hoc (perdón por el latinajo), como si no hubiese quedado claro que el objetivo de la Abogacía del Estado (sufragada por todos nosotros) es, no ya la absolución de la infanta, sino su exclusión del juicio desde un inicio. Lo mismo que pretende su defensa legal (pagada por ella o por su papá, quién sabe). Como dije antes, cosas veredes.
¡Ah!, pero faltaba la guinda a este curioso sainete; faltaba esa frase genial, esa proclama sublime. Faltaba..., faltaba ese aldabonazo en las mentes ingenuas, esa bofetada en la cara de los ilusos para cerrar el círculo. Y ello fue obra de la abogada del Estado Dolores Ripoll, cuando, como indigna carta de presentación de otra institución pública, espetó eso de que el famoso lema Hacienda somos todos debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país". Así que, ya saben, lo dice la propia Abogacía del Estado, Hacienda no somos todos, y olviden eso de que, si defraudas al fisco, defraudas a todos tus conciudadanos. Es una simple treta publicitaria. Y así, cuando toque hacer la declaración de IRPF, muchos, comprensiblemente, mandarán a freír puñetas la ética y la solidaridad, harán un corte de manga a Montoro (o al que venga) y dirán que se metan los lemas publicitarios por donde le quepan. Palabrita de la Abogacía del Estado.
