Alonso Quijano, más conocido por don Quijote de la Mancha, tropezó con la Iglesia y lo dejó dicho para la eternidad como un mal irrevocable. Como tantas patrañas de su vida, ese tropiezo continúa vivo en las entrañas de esta tierra llamada España y quienes, desde el respeto, hace mucho tiempo que dejamos de creer en el Dios justiciero tan traído y llevado por el Vaticano, nos preguntamos qué hace tan poderosa a la cúpula de los católicos para permitirle mantener privilegios por encima de la Constitución, de las leyes, de la economía, del progreso y hasta del más somero sentido común de Sancho.
Es fácil encontrar respuestas en los avatares de la Historia, en el modo con que el catolicismo, siglo a siglo, mentalizó a las sociedades de nuestros antepasados, apoyado y apoyando a los poderes políticos aunque fueran injustos. Cuesta entender el miedo histórico a una excomunión por parte de los poderosos. Pero ha sido real y efectivo. Ese juego perverso de permitir al clero jugar con las llaves del cielo o del infierno hoy parece haber perdido efectividad y sin embargo sus potestades ocultas mantienen en el haber la misma baraja marcada. Como cualquier otra religión. Todas, por considerarse verdaderas, son imperialistas y opresoras del contrario. El ejemplo de España, donde siempre han triunfado las contrarreformas sin que ninguna reforma haya existido, es paradigmático. Sin embargo, hoy no se entiende cómo en un Estado laico, según la Constitución vigente, la Iglesia Católica siga gozando de privilegios casi medievales.
Me sorprende que en lugar de eliminar las exenciones fiscales, en el nuevo acuerdo con el Papa progresista, se hayan extendido las mismas ventajas a otras religiones. Curiosa forma de igualdad para mantener las prebendas. Y esto cuando no acabamos de salir del asombro al escuchar a los representantes de la Conferencia Episcopal denominar “pecado” al “delito” de abusos sexuales acaecidos en escuelas, seminarios, confesionarios, sacristías… Justo cuando el papa Francisco les concede el voto a las mujeres consagradas, tropezamos con el sentido común, con la igualdad entre hombres y mujeres, por el empeño de alguna secta cristiana en educar por separado según el sexo. Y choca mucho más ver que ese adoctrinamiento se sufraga con el dinero de los impuestos bajo el silencio de gobiernos de izquierdas.
En estos días de remolinos electorales hemos sabido de una poco aireada comisión de investigación del Parlamento de Cataluña donde, con la ausencia de representantes del PP, Vox y Ciudadanos, se pretenden dilucidar los casos de pederastia conocidos en la Iglesia de esa comunidad. Da igual de quién haya sido la iniciativa, la cuestión es que las víctimas nada esperan de ella. Los casos conocidos en España ascienden a 953, las víctimas a 1802, a pesar de la negativa de la Conferencia Episcopal Española a investigar y denunciar. Los números por su escasez chocan con la realidad internacional.
Al mismo tiempo, después de tres largos años de intentos, la Generalitat ha conseguido que el Tribunal Constitucional le dé amparo a la Ley Celáa para poner punto final a la financiación pública a los diez centros escolares catalanes que segregan por sexo, que cuestan al erario público quince millones de euros cada año y desoyen la legislación vigente. Es una buena noticia para el avance hacia la igualdad. Lástima que otras comunidades no sigan ese ejemplo y, por el contrario, con agrado financien esa forma de enseñar y educar, agarrados al clavo ardiendo del pasado, amparando la queja de Quijano.
