El último ataque del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a un funcionario del Concello, tras culpar el jueves a la jefa de servicio de Termalismo de que no haya avances para reactivar las termas públicas, no ha pasado desapercibido para las fuerzas sindicales con representación en la junta de personal, exigiendo al regidor que “debe respetarnos” y recordando que no es la primera vez que sucede algo similar y que ya llevó a los sindicatos a organizar protestas en la Praza Maior.
Este suceso, unido al acuerdo adoptado en mesa de negociación para fijar el horario laboral, ha llevado a Comisiones Obreras a decidir que se concentrarán todos los días de pleno para evidenciar el malestar con Jácome, que desde hace unos días es también el responsable del área de Recursos Humanos.
“Ata que deixe de haber faltas de respecto e non prexudique o funcionamiento dos servizos estaremos aí, non podemos seguir permitindo ese trato”, señala el representante de CCOO Manuel Pérez, que anuncia un recurso por la jornada laboral y lamenta que el resto de fuerzas sindicales apoyasen la propuesta.
El presidente de la junta de personal y delegado de CSIF, José Manuel Fernández, reconoce que el ataque a la funcionaria ha generado preocupación por si Jácome “vuelve a las andadas, ya que las declaraciones son desafortunadas y fuera de lugar”, sumándose a las críticas de la edil de Turismo, Flora Moure y recordando al regidor que “muchas cosas no se pueden hacer porque los políticos no saben qué hacer y no hay criterio”. Fernández apunta que habrá movilizaciones si se repiten esos episodios, esperando que “quede nunha anécdota”.
Mientras, el delegado de la CIG José Javier García Gago ve “patético” que Jácome arremeta de nuevo contra una trabajadora y apunta que “é algo que enrarece tamén o clima de negociación cando quedan moitas cousas que abordar”. También se pronuncia sobre la intención del alcalde de descargar la labor en termalismo en un eventual, “algo ilegal” para el representante de la CIG, que señala también otras problemáticas generadas como “os problemas de traslados” de personal al considerar que no existe justificación para ello. “Non hai base legal”, concluye.
