La inculpada declaró que ayudaba a familiares pobres de la República Dominicana a venir a España
La vidente Elsa Altagracia Elcequiez, con una consulta en Xinzo donde el fiscal y el abogado del Estado ven una trama delictiva en torno a un negocio para traer extranjeros de forma ilegal, considera su comportamiento como "un acto humanitario". Según dijo a preguntas de su letrado en el juicio que se sigue contra ella en la Audiencia por falsedad de documentos y un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, sólo pretendía traer a España a sus familiares de la República Dominicana, ya que "debido a las dificultades económicas lo estaban pasando muy mal".
La vidente aclaró que su familia es muy extensa: "Sólo mi padre ya tiene ocho hijos de mujeres distintas y toda la familia se caería allí muerta si yo no hago los giros de dinero, así que hice esto por ayudarles y nunca les pedí contraprestación económica", explicó a la sala.
Reconoció que tramitó una veintena de peticiones ante la Subdelegación del Gobierno, todas ellas solicitudes de empleadas de hogar avaladas por certificados médicos, bancarios y un poder notarial falsificados, aunque la hoja de solicitud estaba realmente firmada por las personas empleadoras. "Soy bruja y todas las personas que me ayudaron con sus solicitudes eran clientes mías de la videncia, a las que yo preguntaba si necesitaban gente para trabajar en su casa, pues a mi familia no la voy a meter en algo malo, y si era así, yo les decía que me encargaba de tramitar todo", explicó.
La primera sesión del juicio contó con la declaración de una veintena de testigos, mientras que el resto queda para hoy, entre ellos algunas de las empleadas que llegaron a España antes de que los funcionarios de Extranjería detectaran irregularidades en los expedientes y lo pusiesen en conocimiento de la Guardia Civil en 2008.
En cuanto a los clientes que la ayudaron, quienes se vieron incursos en las investigación en un primer momento, coincidieron en destacar que firmaron los documentos sin leerlos porque confiaban en la pitonisa. Aseguraron sentirse engañados pues pensaban que todo era legal. "Es muy desagradable verte envuelta en algo así", apuntó una testigo.
El compañero de banquillo de la acusada, Joaquín Poveda, fue otra de las personas que conoció a Elsa Altagracia Elcequiez en su consulta. Este último pidió tres empleadas de hogar en su nombre; en el de su madre, que padece demencia, y en el de otra amiga, pues ambas delegaron en él y le prestaron sus documentos de identidad para hacerlo.
El acusado detalló que la vidente le preguntó si quería contratar a empleadas de hogar y, al responderle que sí, le pidió fotocopias de los carnés de identidad y él llevó las solicitudes firmadas a la Subdelegación del Gobierno. Una vez allí, entregó, junto con las solicitudes, toda la documentación que le dio la inculpada momentos antes, pero nunca miró los papeles "pues tenía la seguridad de que todo era legal".
Para la sesión del jueves está prevista la declaración de cuatro de las empleadas que llegaron a España a raíz de otras tantas solicitudes, antes de que la investigación policial diera al traste con esa entrada ilegal de inmigrantes. También declararán varios peritos, representantes del Sergas, de entidades bancarias y un notario.
En el registro de la casa de la encausada aparecieron solicitudes de residencia y trabajo, fotocopias de pasaportes e identidades de ciudadanas dominicanas, folios con el sello del Sergas escaneado, folios con el logotipo y sello de varias entidades bancarias, 15 certificaciones del banco Santander con tachaduras de tinta blanca, un ordenador y un escáner.
