Una agria polémica flotaba durante estos últimos días en el ambiente, la que se traen la fiscalía anticorrupción y las fuerzas de seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana sobre la no persecución de los delitos de corrupción y económicos en el desinterés mutuo a la hora de acometer su investigación. Salvo muy contados casos, la justicia anticorrupción no funciona y los delincuentes de cuello blanco campan a sus anchas. Tal como se está viendo ultimamente en el caso Pokemón cuando estos delitos se persiguen afloran como las setas.
Tal vez no es tanto la crisis la que nos ha enfangado hasta las rodillas, como la falta de ética, la preopotencia y la corrupción política (junto con la empresarial y financiaero) la peor epidemia que está padecido España en muchos años. La justicia 'a verlas venir', salvo honrosas excepciones de esos jueces y magistrados que se juegan el tipo si hace falta para llevar a los sospechosos ante los tribunales. A nuestra casta política le ofenden las críticas del periódico 'New York Times' sobre la pobreza y la corrupción en España, pero si queremos concienciar al ciudadano de que pague sus impuestos, ayudaría y mucho que esa misma clase política depurara responsabilidades en un código de conducta donde el dinero de todos no fuera de libre disposición.
En definitiva seguimos esperando el momento en que todos podamos ver que la justicia mete mano a los corruptos y se les haga devolver el dinero detraído. El comportamiento habitual de esa misma clase política con sus abusos constantes y sus privilegios, no anima a que el ciudadano se sienta en disposición de cumplir con sus propias obligaciones en lo que a impuestos se refiere: de hacerlo, se sentiría profundamente engañado al ver que cualquier cargo publico malversa en beneficio propio, de su familia o de sus amigos.
En definitiva seguimos esperando el momento en que todos podamos ver que la justicia mete mano a los corruptos y se les haga devolver el dinero detraído. El comportamiento habitual de esa misma clase política con sus abusos constantes y sus privilegios, no anima a que el ciudadano se sienta en disposición de cumplir con sus propias obligaciones en lo que a impuestos se refiere: de hacerlo, se sentiría profundamente engañado al ver que cualquier cargo publico malversa en beneficio propio, de su familia o de sus amigos.
