La Audiencia deja la pena por apropiación indebida en dos años de cárcel por la demora en llegar a juicio
Dos años de prisión y el pago de todo el dinero distraído a los herederos del denunciante, ya fallecido, es la pena que ha impuesto la sección segunda de la Audiencia de Ourense a la encargada de un bar de Celanova, Romina P.R.,, de 35 años, por aprovecharse de uno de sus clientes más asiduos. Este, por la confianza que tenía en ella, la había autorizado en su cuenta bancaria. Ahora bien, sin su conocimiento, transfirió a través de la banca online y en solo 10 meses, 41.240 euros del anciano a su propia cuenta. El tribunal considera acreditado que la acusada no utilizó el dinero del que se apropió para la atención del afectado, que tenía 86 años, sino que las incorporó a su patrimonio y lo usó para ella “en gastos de la más variada índole”.
La condena queda lejos de los cinco y siete años de cárcel que interesaban la fiscal y la acusación particular, respectivamente, porque la sala aplica la atenuante de dilaciones indebidas, por la demora que sufrió el caso, que se judicializó en mayo de 2017 sin que la tramitación, a juicio de los magistrados, revistiera complejidad.
La víctima, pese a que esta no lo reconocía, autorizó a la imputada para operar en su cuenta del banco Santander. “No ha quedado acreditado que se hubiera valido de algún ardid para que el perjudicado firmase tal documento”, aseguran los jueces. También reconocen que la inculpada lo ayudó: realizó gestiones para que ingresase en una residencia geriátrica en abril de 2016 ya que vivía solo en una pensión sin calefacción ni ascensor. Pero la sentencia deja sentado que la denunciada realizó numerosas transferencias a una cuenta que abrió en la misma entidad entre mayo de 2016 y marzo de 2017 “sin conocimiento ni consentimiento” del octogenario y sin que ese dinero fuera destinado a la atención del mismo. Destinó los 41.240 euros “a atenciones propias en gastos de la más variada índole”: compras en Amazon, recargas de Orange, gastos de hostelería y ocio, compras de muebles, ropa o incluso abonó 535 euros en librería.
LA DIRECTORA CONTRADICE A LA INCULPADA
La versión de la inculpada -dispuso del dinero porque así lo quiso el anciano- “carece de soporte probatorio”, concluyen los jueces. Los actos del perjudicado, dando cuenta de la sustracción, y los de la acusada, retiró 10.000 euros en la oficina ante la inminencia de la denuncia, “evidencian todo lo contrario”. Sin olvidar, otros testimonios importantes como el de la directora del geriátrico. Esta última aseguró que cuando quiso saber cómo estaba su cuenta la hostelera le daba largas para no acompañarlo. Fue la educadora del centro quien lo llevó al banco y el perjudicado le comentó que no había autorizado a Romina para disponer del dinero. El anciano llegó a la residencia muy disgustado, “con mucha pena”. El estado de pesar del denunciante, a juicio de la sala, “mal se compadece con la magnánima liberalidad que afirma la acusada”.
