La banca española podría necesitar entre 50.000 y 60.000 millones de euros de capital adicional, según un informe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) que advierte de pérdidas en las carteras inmobiliarias de las entidades financieras. La institución apunta a pérdidas de entre 218.000 y 260.000 millones de euros en la cartera de créditos en España, sobre todo derivadas de la exposición al sector del 'ladrillo', cuyos activos problemáticos están concentrados en las cajas de ahorros.
Las provisiones por importe de 190.000 millones de euros constituidas, si se incluyen las últimas exigencias de los dos reales decretos de saneamiento financiero, serían insuficientes para cubrir dichas pérdidas, según la asociación autora del estudio y que está integrada por varios centenares de bancos. Los tres grandes bancos españoles, Santander, BBVA y Caixabank, serán capaces de asumir eventuales necesidades de capital con sus propios medios, mientras que un elevado número de entidades, especialmente cajas de ahorros, necesitarán apoyo estatal, sostiene.
En este sentido, especifica que aunque en su conjunto el sistema financiero español parece lo suficientemente rentable como para obtener los ingresos para acometer las provisiones exigidas, existen grandes divergencias entre la situación de unas entidades y otras.
El IIF estima que se han intensificado las dudas sobre la salud del sistema financiero español y que la fuerte contracción económica, el descenso de los precios de la vivienda de en torno al 30% y una tasa de paro rozando el 25% suscitan la inquietud sobre la calidad crediticia.
En este sentido, especifica que aunque en su conjunto el sistema financiero español parece lo suficientemente rentable como para obtener los ingresos para acometer las provisiones exigidas, existen grandes divergencias entre la situación de unas entidades y otras.
El IIF estima que se han intensificado las dudas sobre la salud del sistema financiero español y que la fuerte contracción económica, el descenso de los precios de la vivienda de en torno al 30% y una tasa de paro rozando el 25% suscitan la inquietud sobre la calidad crediticia.
