Cada vez está más claro que habrá reformas

Los datos avanzados del IPC de julio (2,9%) trajeron consigo la mayor tasa de crecimiento interanual de los precios en España desde febrero de 2017. Los servicios de alojamiento y el gas están detrás de la tensión en los precios. El fenómeno no se da solo en España, también se acusa en otros estados europeos y más aún en EE UU (5,4% en junio) y en China (9% interanual), aunque los motivos no son los mismos en todos los casos. Entre los economistas no hay unanimidad sobre su verdadero alcance: para unos se trata de aumentos de precios producto de alteraciones temporales, debidas a la recuperación de la pandemia, pero para otros hay un problema de inflación estructural, es decir, algo más de fondo. Si extrapolásemos a España y a la eurozona las teorías del premio Nobel de Economía Paul Krugman, la deuda no sería un problema, teniendo en cuenta los bajos tipos de interés, y la inflación tampoco lo sería, dada la capacidad de la economía para absorber un aumento del gasto público. Pero está por ver que todo esto vaya a ser así, al menos en la eurozona, que es el espacio económico que condiciona –y disciplina– a España. El Banco Central Europeo fija su objetivo de estabilidad en un 2% de aumento anual de los precios, lo que supone reconocer que habrá más tensiones, ya que en el conjunto del año hubo momentos de escasa o nula inflación, incluso con temores de deflación. Los problemas vendrán si esta ola inflacionista desata aumentos inesperados de las pensiones, los salarios y los alquileres, entre otros precios de referencia. En España todas esas cosas fueron habituales cuando su economía se movía en pesetas, pero no desde que está en el euro. Nunca se llegó a los extremos de Alemania en los años 30, de Argentina en los 70 o de Venezuela estos últimos años, pero sí hubo muchos apuros con esta especie de ‘impuesto invisible’, que es como le llamaba el economista liberal Milton Friedman a la inflación. Ahora también hay un riesgo añadido: el aumento del coste de la deuda, si repuntan los intereses. Son ya muchos los años que España lleva sufriendo problemas de deuda. A veces de deuda privada, como en la reciente crisis de 2008, y casi siempre, de deuda pública, ahora en niveles nunca vistos en la historia. Unas cosas y otras hacen aconsejables reformas internas, que siguen pendientes en materia laboral, de pensiones, deuda pública, déficit e industrialización. Ya no se trata de que lo digan la Comisión Europea o el BCE, que no se casan de repetirlo, junto con el FMI, sino de que España asuma sus propios problemas y busque las mejores soluciones de manera consensuada. La principal partida de gasto del Estado ya es la deuda y si el Gobierno quiere contenerla, reduciendo el déficit, no tendrá más remedio que subir los impuestos o ajustar los gastos improductivos. O ambas cosas a la vez. En los mensajes de Nadia Calviño como ministra de Economía –ahora también es vicepresidenta primera– siempre han ido aflorando este tipo de análisis, pero en España, lejos de hacerle caso, es habitual atribuirle un papel de ‘mala’ frente a las supuestas ‘bondades’ de los ministros expansivos, como si el dinero naciera en los árboles. Tal vez ha llegado la hora de que Pedro Sánchez asuma sus funciones de Presidente con mayúsculas y no solo cuente con Calviño como una especie de salvoconducto ante Bruselas, sino como artífice de las reformas que España necesita. @J_L_Gomez Al alza Nadia Calviño En la pandemia, el Gobierno evitó otra crisis financiera y el cierre de miles de empresas. Es algo de lo que puede presumir, al tiempo que debe reconocer –y explicar– su coste en miles de millones. Pero ahora toca hacer reformas, como la laboral, que en palabras de Nadia Calviño “debe europeizar el mercado de trabajo”. La vicepresidenta y ministra de Economía también aboga por “retomar la senda de subida del salario mínimo”, pero “sin poner en riesgo el crecimiento y el empleo”. A la baja Las reformas Los agentes sociales –empresarios y sindicatos– cerraron el curso sin avances en la negociación de las reformas pendientes y se emplazaron a un encuentro en el mes de septiembre, cuando está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa el asunto del salario mínimo y la situación de los ERTE. Los preacuerdos alcanzados en pensiones son positivos, pero no sirven para resolver el problema de fondo: su financiación. La placidez observada hasta ahora dará pie a tensiones, pero también a acuerdos.