Directivos de Caixa Galicia y Caixanova propusieron ayer a los sindicatos la tramitación a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de las prejubilaciones, que se aplicarán a partir de los 55 años y con carácter voluntario. Las entidades aclararon que no promoverán el ERE, sino que sólo lo aceptarán si hay acuerdo en la mesa de negociación.
El ERE cuenta con el rechazo inicial de CIG, UGT y CGT, Csica precisó que las dos entidades no la reconocen como 'evidente' o 'inmediata', mientras que CC OO subrayó que sería 'un ERE atípico' por tratarse, en este caso, de una medida voluntaria. En declaraciones a los medios tras la segunda reunión de la mesa laboral, los sindicatos informaron de que la oferta de las cajas se centra en conceder entre un 70 y 75 por ciento del salario fijo a los empleados que se acojan a las prejubilaciones. En concreto, defienden mantener un 70 por ciento del salario fijo y seguir realizando aportaciones al plan de pensiones o bien el 75 por ciento sin esas asignaciones.
El objetivo es cubrir la totalidad de los excedentes de sus plantillas, que estiman en torno a los 1.200 trabajadores, con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima en ambas empresas ha de ser de 15 años. En un principio, tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 en el año 2011.
RECORTE DE JORNADA
En un comunicado conjunto, Caixa Galicia y Caixanova informaron de que unos 1.200 trabajadores podrían acogerse a las prejubilaciones, aunque apuntaron que su programa de reordenación también incluye bajas voluntarias incentivadas, ofertas de reducción de jornada y otras fórmulas para tratar el 'excedente de plantilla' durante los próximos cinco años'.
Sobre las bajas incentivadas, las cajas propusieron compensar -según informaron los sindicatos- con 35 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades. Asimismo, plantearon una indemnización de 3.000 euros a los trabajadores que tengan que desplazarse de sus oficinas actuales a otras situadas en un entorno de entre 25 y 100 kilómetros, mientras que esa cuantía ascenderá a 10.000 euros en caso de superarse los 100 kilómetros.En cuanto a los oficinas que se verán afectadas por el proceso de fusión, cuyo total asciende a 300, 180 de ellas se encuentran ubicadas en la comunidad gallega; entre 80 y 85 están en otros puntos del Estado y el resto en empresas pertenecientes a las dos entidades y ámbito internacional.
A raíz de estos datos, la central sindical CIG estimó que de los 1.200 trabajadores que se verán afectados como consecuencia de la fusión, alrededor de unos 900 corresponderían a Galicia. Comisiones Obreras, por su parte, advirtió de que no es un dato oficial, pero que podría situarse 'en ese entorno'.
El objetivo es cubrir la totalidad de los excedentes de sus plantillas, que estiman en torno a los 1.200 trabajadores, con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima en ambas empresas ha de ser de 15 años. En un principio, tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 en el año 2011.
RECORTE DE JORNADA
En un comunicado conjunto, Caixa Galicia y Caixanova informaron de que unos 1.200 trabajadores podrían acogerse a las prejubilaciones, aunque apuntaron que su programa de reordenación también incluye bajas voluntarias incentivadas, ofertas de reducción de jornada y otras fórmulas para tratar el 'excedente de plantilla' durante los próximos cinco años'.
Sobre las bajas incentivadas, las cajas propusieron compensar -según informaron los sindicatos- con 35 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades. Asimismo, plantearon una indemnización de 3.000 euros a los trabajadores que tengan que desplazarse de sus oficinas actuales a otras situadas en un entorno de entre 25 y 100 kilómetros, mientras que esa cuantía ascenderá a 10.000 euros en caso de superarse los 100 kilómetros.En cuanto a los oficinas que se verán afectadas por el proceso de fusión, cuyo total asciende a 300, 180 de ellas se encuentran ubicadas en la comunidad gallega; entre 80 y 85 están en otros puntos del Estado y el resto en empresas pertenecientes a las dos entidades y ámbito internacional.
A raíz de estos datos, la central sindical CIG estimó que de los 1.200 trabajadores que se verán afectados como consecuencia de la fusión, alrededor de unos 900 corresponderían a Galicia. Comisiones Obreras, por su parte, advirtió de que no es un dato oficial, pero que podría situarse 'en ese entorno'.
