Los sindicatos CC.OO. y UGT estimaron hoy que miles y miles de trabajadores participarán en las manifestaciones que tendrán lugar simultáneamente en las ciudades de Vigo, A Coruña, Lugo y Ourense el próximo 2 de marzo a las 20.00 horas --a las 19.30 en la capital lucense--, para protestar por la propuesta del Ejecutivo central de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
En rueda de prensa, el secretario xeral de CC.OO.-Galicia, Xosé Manuel Sánchez y su homólogo en UGT, José Antonio Gómez, enmarcaron dicha convocatoria en la campaña confederal realizada a nivel estatal por ambas entidades y que se celebrará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, en rechazo a una serie de propuestas que consideran regresivas, insolidarias, equivocadas e imprudentes.
Creemos inaceptable que se pretenda instrumentalizar la seguridad social como medio de reducir el déficit público, señaló Gómez, para aclarar que las cuentas del sistema gozan de buena salud y que las aportaciones públicas a la financiación de la protección social se sitúan muy por debajo de la media europea --casi un 3 por ciento--.
Sánchez criticó que desde el Ejecutivo no se respeta el marco de negociación y el proceso de diálogo social que se encuentra abierto, además de crear alarma sobre el sistema de pensiones que representa el convenio colectivo más importante.
Por ello, afirmó que las iniciativas deberían situarse en solucionar los cuatro millones de parados que hay en el Estado --de os que más de 1.200.000 no tienen cobertura social--, que en Galicia ascienden a 230.000 de los que muchos están al límite de la exclusión social.
Sobre la ampliación de la edad legal de jubilación, criticaron que el Gobierno central abandone unilateralmente el acuerdo en materia de pensiones vigente (2006) que reconoce una prolongación voluntaria de la vida laboral que ya se está haciendo, como se ve en el continuo crecimiento de empleados de más de 65 años en el Régimen General.
En esta línea, destacaron que en Galicia se registró --entre 2002 y 2009-un crecimiento del 13 por ciento de población empleada de más de 55 años, unos 20.000 trabajadores, por lo que Gómez abogó por evitar la expulsión de los mayores y fomentar la empleabilidad de este sector, penalizando toda discriminación por razones de edad.
PERDIDA DEL 5% DE LA PENSION
Sobre la ampliación del periodo mínimo de cotización de 15 a 20 años, alertó de que supondrá una pérdida del 5 por ciento de pensión --60 euros de media mensuales-para todos los trabajadores que se incorporen al sistema y que se reducirá a un 17 por ciento si tiene en cuenta la vida laboral en su totalidad.
Teniendo en cuenta los datos de 2008, el 10,8 por ciento de los pensionistas no tendrían derecho a pensión y se verían obligados a solicitar una pensión no contributiva o a la ampliación forzosa de la vida laboral. De cada 100 trabajadores, 89 perderían el 5 por ciento de su ingreso y 11 por ciento el derecho a percibir la pensión contributiva, denunció.
En esta línea, advirtió la propuesta afectaría aún más en Galicia que en el resto del Estado en el caso de los colectivos agrario y del hogar --con una elevada presencia de mujeres--, en los que un 49,29 por ciento y un 24,7 por ciento de empleados cuentan con menos de 20 años cotizados, respectivamente.
Finalmente, ambas entidades sindicales consideraron conveniente culminar los temas pendientes del pacto de pensiones vigente antes de iniciar un nuevo proceso de negociación, como es la integración del Régimen Especial Agrario y al Régimen Especial de Empleadas del Hogar en el Régimen General, o la reducción de la edad de jubilación a trabajadores sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas o peligrosas.
Creemos inaceptable que se pretenda instrumentalizar la seguridad social como medio de reducir el déficit público, señaló Gómez, para aclarar que las cuentas del sistema gozan de buena salud y que las aportaciones públicas a la financiación de la protección social se sitúan muy por debajo de la media europea --casi un 3 por ciento--.
Sánchez criticó que desde el Ejecutivo no se respeta el marco de negociación y el proceso de diálogo social que se encuentra abierto, además de crear alarma sobre el sistema de pensiones que representa el convenio colectivo más importante.
Por ello, afirmó que las iniciativas deberían situarse en solucionar los cuatro millones de parados que hay en el Estado --de os que más de 1.200.000 no tienen cobertura social--, que en Galicia ascienden a 230.000 de los que muchos están al límite de la exclusión social.
Sobre la ampliación de la edad legal de jubilación, criticaron que el Gobierno central abandone unilateralmente el acuerdo en materia de pensiones vigente (2006) que reconoce una prolongación voluntaria de la vida laboral que ya se está haciendo, como se ve en el continuo crecimiento de empleados de más de 65 años en el Régimen General.
En esta línea, destacaron que en Galicia se registró --entre 2002 y 2009-un crecimiento del 13 por ciento de población empleada de más de 55 años, unos 20.000 trabajadores, por lo que Gómez abogó por evitar la expulsión de los mayores y fomentar la empleabilidad de este sector, penalizando toda discriminación por razones de edad.
PERDIDA DEL 5% DE LA PENSION
Sobre la ampliación del periodo mínimo de cotización de 15 a 20 años, alertó de que supondrá una pérdida del 5 por ciento de pensión --60 euros de media mensuales-para todos los trabajadores que se incorporen al sistema y que se reducirá a un 17 por ciento si tiene en cuenta la vida laboral en su totalidad.
Teniendo en cuenta los datos de 2008, el 10,8 por ciento de los pensionistas no tendrían derecho a pensión y se verían obligados a solicitar una pensión no contributiva o a la ampliación forzosa de la vida laboral. De cada 100 trabajadores, 89 perderían el 5 por ciento de su ingreso y 11 por ciento el derecho a percibir la pensión contributiva, denunció.
En esta línea, advirtió la propuesta afectaría aún más en Galicia que en el resto del Estado en el caso de los colectivos agrario y del hogar --con una elevada presencia de mujeres--, en los que un 49,29 por ciento y un 24,7 por ciento de empleados cuentan con menos de 20 años cotizados, respectivamente.
Finalmente, ambas entidades sindicales consideraron conveniente culminar los temas pendientes del pacto de pensiones vigente antes de iniciar un nuevo proceso de negociación, como es la integración del Régimen Especial Agrario y al Régimen Especial de Empleadas del Hogar en el Régimen General, o la reducción de la edad de jubilación a trabajadores sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas o peligrosas.
