Las comunidades autónomas acuden con 'cautela' a la cita que tienen el próximo martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se iniciará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, entre el Gobierno y los responsables de Hacienda de las distintas autonomías.
El martes, el Ministerio de Economía ha convocado a todas las autonomías a participar en el CPFF, donde les serán presentadas las bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que el pasado jueves, de manera inesperada, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, presentó a los medios de comunicación.
En su propuesta, Solbes ofrece la cesión del 50 por ciento del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales a las comunidades autónomas, y asegura que el nuevo sistema mejorará la capacidad fiscal de los territorios y que las autonomías podrán recibir recursos adicionales por los criterios de la población y el suelo.
Asimismo, Solbes ve con buenos ojos la propuesta catalana, que amplía la participación en la cesta de impuestos, al prever el Estatuto de Cataluña la cesión del 58 por ciento de los Impuestos Especiales.
El último sistema, que fue aprobado en julio de 2001 por el gobierno del PP, cedió el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los Impuestos Especiales de hidrocarburos, tabaco y alcoholes y cerveza.
El vicepresidente económico pretende que las negociaciones del nuevo modelo de financiación concluyan en el último trimestre del año, para poder empezar a aplicarlo en 2009.
A pesar de que Solbes ha insistido en que ninguna comunidad perderá financiación, las comunidades autónomas acudirán a la cita del CPFF con 'desconfianza' y 'cautela', ya que consideran que la propuesta es imprecisa.
En respuesta a la propuesta de Solbes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado la 'inconcreción' y la 'ambigüedad' de las bases para la reforma presentadas, mientras que el Gobierno catalán cree que la propuesta prefigura un sistema 'decepcionante, insuficiente y preocupante'.
Para el gobierno socialista de Asturias, la propuesta es 'muy negativa' para los intereses de la región porque 'no da respuesta a la realidad de los costes de la prestación de los servicios', y han avanzado que no aceptarán 'ningún recurso adicional se reparta entre las comunidades sólo por la población y su evolución'.
Desde Galicia, se considera que 'no hay ni debe haber ninguna relación' entre balanzas fiscales y financiación autonómica', y que ésta debe incluir la garantía de que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, derechos y niveles de prestación de los servicios básicos.
Entre tanto, la Junta de Extremadura, prefiere esperar, antes de emitir su opinión, a conocer la 'propuesta detallada' de Solbes el próximo martes, y Castilla y León reivindica una negociación multilateral, en la que 'ninguna autonomía pierda'.
En este sentido, Castilla y León ha anunciado que el próximo 1 de agosto asistirá a una reunión en Oviedo con los consejeros de las regiones que defienden los mismos criterios, entre las que figuran Extremadura, Galicia, Asturias y Aragón.
En su propuesta, Solbes ofrece la cesión del 50 por ciento del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales a las comunidades autónomas, y asegura que el nuevo sistema mejorará la capacidad fiscal de los territorios y que las autonomías podrán recibir recursos adicionales por los criterios de la población y el suelo.
Asimismo, Solbes ve con buenos ojos la propuesta catalana, que amplía la participación en la cesta de impuestos, al prever el Estatuto de Cataluña la cesión del 58 por ciento de los Impuestos Especiales.
El último sistema, que fue aprobado en julio de 2001 por el gobierno del PP, cedió el 33 por ciento del IRPF, el 35 por ciento del IVA y el 40 por ciento de los Impuestos Especiales de hidrocarburos, tabaco y alcoholes y cerveza.
El vicepresidente económico pretende que las negociaciones del nuevo modelo de financiación concluyan en el último trimestre del año, para poder empezar a aplicarlo en 2009.
A pesar de que Solbes ha insistido en que ninguna comunidad perderá financiación, las comunidades autónomas acudirán a la cita del CPFF con 'desconfianza' y 'cautela', ya que consideran que la propuesta es imprecisa.
En respuesta a la propuesta de Solbes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado la 'inconcreción' y la 'ambigüedad' de las bases para la reforma presentadas, mientras que el Gobierno catalán cree que la propuesta prefigura un sistema 'decepcionante, insuficiente y preocupante'.
Para el gobierno socialista de Asturias, la propuesta es 'muy negativa' para los intereses de la región porque 'no da respuesta a la realidad de los costes de la prestación de los servicios', y han avanzado que no aceptarán 'ningún recurso adicional se reparta entre las comunidades sólo por la población y su evolución'.
Desde Galicia, se considera que 'no hay ni debe haber ninguna relación' entre balanzas fiscales y financiación autonómica', y que ésta debe incluir la garantía de que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, derechos y niveles de prestación de los servicios básicos.
Entre tanto, la Junta de Extremadura, prefiere esperar, antes de emitir su opinión, a conocer la 'propuesta detallada' de Solbes el próximo martes, y Castilla y León reivindica una negociación multilateral, en la que 'ninguna autonomía pierda'.
En este sentido, Castilla y León ha anunciado que el próximo 1 de agosto asistirá a una reunión en Oviedo con los consejeros de las regiones que defienden los mismos criterios, entre las que figuran Extremadura, Galicia, Asturias y Aragón.
