La CEOE aboga por la necesidad de 'contener' los gastos de la Seguridad Social 'en su conjunto', y no sólo los que se derivan de las pensiones, así como por adelantar el plazo de entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años, previsto inicialmente para el año 2027, y aumentar gradualmente los años cotizados para calcular la pensión.
Así lo puso de manifiesto el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para valorar el informe del comité de expertos creado por el Gobierno para definir un factor de sostenibilidad de las pensiones.
Lacasa defendió asimismo que se desvinculen las pensiones del IPC y pidió que en el debate sobre la reforma del sistema sea 'breve' ante la situación actual.
La Confederación de Empresarios también se mostró partidaria de que las mutuas de trabajo tengan más responsabilidad en los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores así como de impulsar la previsión complementaria individual con carácter voluntario, con medidas fiscales que tengan 'vocación de permanencia'.
EXPERTO QUE VOTÓ EN CONTRA
El catedrático de Economía aplicada Santos Ruesga, único miembro del grupo de expertos designado por el Gobierno que votó en contra del dictamen sobre la reforma de las pensiones, justificó su decisión porque con el nuevo factor de revalorización que plantea el informe se reducirá la cuantía.
Santos Ruesga también compareció ayer ante la Comisión del Pacto de Toledo y recordó que el Gobierno planteó al grupo desarrollar el factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones, vinculado a la esperanza de vida, que debe aplicarse a partir de 2027.
Ruesga explicó que el mandato del Gobierno se circunscribía a analizar el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, pero que finalmente se incluyó 'una novedad', un segundo factor que se aplicaría a la revalorización de las pensiones en sustitución de su revalorización según el IPC.
A su juicio, plantear ahora este factor de revalorización anual, 'es innecesario e inoportuno' porque no es un factor neutro, independientemente de que se ponga un 'suelo' a las pensiones actuales.
Lacasa defendió asimismo que se desvinculen las pensiones del IPC y pidió que en el debate sobre la reforma del sistema sea 'breve' ante la situación actual.
La Confederación de Empresarios también se mostró partidaria de que las mutuas de trabajo tengan más responsabilidad en los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores así como de impulsar la previsión complementaria individual con carácter voluntario, con medidas fiscales que tengan 'vocación de permanencia'.
EXPERTO QUE VOTÓ EN CONTRA
El catedrático de Economía aplicada Santos Ruesga, único miembro del grupo de expertos designado por el Gobierno que votó en contra del dictamen sobre la reforma de las pensiones, justificó su decisión porque con el nuevo factor de revalorización que plantea el informe se reducirá la cuantía.
Santos Ruesga también compareció ayer ante la Comisión del Pacto de Toledo y recordó que el Gobierno planteó al grupo desarrollar el factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones, vinculado a la esperanza de vida, que debe aplicarse a partir de 2027.
Ruesga explicó que el mandato del Gobierno se circunscribía a analizar el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, pero que finalmente se incluyó 'una novedad', un segundo factor que se aplicaría a la revalorización de las pensiones en sustitución de su revalorización según el IPC.
A su juicio, plantear ahora este factor de revalorización anual, 'es innecesario e inoportuno' porque no es un factor neutro, independientemente de que se ponga un 'suelo' a las pensiones actuales.
