Sin Presupuestos y sin financiación autonómica es prácticamente imposible sacar España adelante. A la vez, hay decisiones de inversión privada pendientes del debate soberanista. Alguien debe mover ficha.
Los planes de reforma estatutaria, constitucional y del Senado, la financiación autonómica, los nacionalismos periféricos y la adecuación de una España federal a la UE podrían encontrar una explicación optimista si se asumiese la descentralización del Estado como un proceso lógico y natural de esta sociedad globalizadora y globalizada. Pero, lejos de lo que aconteció en la Transición, no parece que sea así. Madrid se cierra ante los riesgos que plantea ese tipo de debate en Cataluña –ya pasó lo mismo en su día con el Plan Ibarretxe– y Barcelona se enroca, sin que desde otras autonomías se levanten voces alternativas, capaces de encontrar la salida.
Todo ello tiene una repercusión económica importante, ya que el actual estado de cosas dificulta la toma de decisiones en materia de inversión pública y privada. En el primer caso, porque sin Presupuestos y sin financiación autonómica es prácticamente imposible sacar España adelante, y en el segundo, porque tanto dentro como fuera de España –incluida Cataluña– hay inversiones que no se acometen a la espera de que se cierre el llamado debate soberanista. Es una situación que no beneficia a nadie, de ahí la conveniencia de que se resuelva cuanto antes.
A estas alturas pocas dudas puede haber de que la idea de España no es la misma en unas comunidades que en otras, del mismo modo que no son iguales las reivindicaciones de unos y de otros. Asimismo, parece asentado el criterio de que la autonomía, el autogobierno, no es más que una manera de prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos, cosas que les afectan a ellos y a las administraciones que aportan servicios tan básicos e importantes como la educación o la sanidad, que prácticamente están en sus manos, del mismo modo que la gestión de la mayor parte de las infraestructuras que se utilizan en el día a día.
Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a los 17 presidentes autonómicos, uno a uno, una experiencia interesante, en el sentido de que conversas casi de modo simultáneo con quienes gobiernan en España, porque España no se gobierna sólo desde La Moncloa. Suelen ser personas que hablan más en clave de comunidad que de partido, lo que permite constatar que dentro del PP hay visiones distintas de España y que lo mismo sucede en el PSOE. Tal vez la primera conclusión es que España es un Estado Federal que no se llama a sí mismo Estado Federal. Sin embargo, el hecho de que haya universidades en Europa que nos estudian como tal, quiere decir algo.
España es un Estado compuesto por regiones y naciones, que se ven a sí mismas así, es decir, que Murcia se ve región y se siente cómoda, Castilla La Mancha se siente cómoda viéndose como se ve; pero Cataluña y no digamos el País Vasco o incluso Galicia, se ven de otro modo. El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla solía comentar que no hay que imponerle a la gente como se quiere ver. Y ahí puede estar la clave del gran debate pendiente en torno a Cataluña.
Actualizar España es necesario por al menos dos razones: una, porque las autonomías se desarrollaron mucho y no tienen nada que ver con las que concibieron los artífices de la Constitución, y dos, porque en 1986 España entra en la CEE –la actual UE–, y eso condujo a un proceso de cesión de poder de Madrid a las comunidades, pero también de Madrid a Bruselas, que hace que todo sea distinto y precise un nuevo encaje constitucional.
@J_L_Gomez
