La ex directora general de la CAM Maira Amorós aseguró ayer que no tomó ninguna medida que comprometiera la solvencia o liquidez de la entidad, ni diseñó ningún producto financiero que pudiera 'poner en peligro o generar riesgo para los inversores'.
Tras declarar ayer en la Audiencia Nacional como imputada, el abogado de Amorós, Carlos Saiz, explicó que su representada sólo fue directora general durante ocho meses y en los últimos cuatro estuvo 'supervisada por la inspección del Banco de España, que estaba 'in situ' en la caja'. Además,explicó que en los cuatro primeros meses en el cargo tuvo delegada sus facultades al SIP, la alianza con la que la CAM se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas.
En cuanto a su sueldo, que rondaba los 600.000 euros anuales, y la pensión vitalicia de 360.000 euros anuales, Amorós explicó al juez Javier Gómez Bermúdez que no realizó ninguna modificación en su sistema retributivo y que no cobró ninguna indemnización.
Al término de la declaración de Amorós, que duró tres horas, el abogado de la acusación popular aseguró que la última directora general de la caja se ha desvinculado de las responsabilidades contables y de crédito de la entidad, así como de la orden de emitir cuotas participativas y participaciones preferentes, con las que se calcula que hay 50.000 afectados.
Amorós está acusada, al igual que los otros cuatro exdirectivos de la CAM de delitos de estafa, societario, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas.
En cuanto a su sueldo, que rondaba los 600.000 euros anuales, y la pensión vitalicia de 360.000 euros anuales, Amorós explicó al juez Javier Gómez Bermúdez que no realizó ninguna modificación en su sistema retributivo y que no cobró ninguna indemnización.
Al término de la declaración de Amorós, que duró tres horas, el abogado de la acusación popular aseguró que la última directora general de la caja se ha desvinculado de las responsabilidades contables y de crédito de la entidad, así como de la orden de emitir cuotas participativas y participaciones preferentes, con las que se calcula que hay 50.000 afectados.
Amorós está acusada, al igual que los otros cuatro exdirectivos de la CAM de delitos de estafa, societario, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas.
