El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado diez días de plazo al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, ambos accionistas de Pescanova, para que depositen 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas que se piden para ellos como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
En un auto, el juez abre juicio oral contra los dos empresarios y otras dos personas y da veinte días a las acusaciones para que formulen acusación y propongan prueba. El pasado 3 de octubre ya se pronunció la Fiscalía Anticorrupción, solicitando penas de 48 años y seis meses para el expresidente y 14 años para el actual responsable de la cervecera.
Las cantidades solicitadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 supera con creces las solicitadas por Anticorrupción, que eran de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A estos dos últimos Ruz les impone 269,525 millones de euros y 402,861 millones de euros, respectivamente.
En el auto de apertura de juicio, que supone sentar a los empresarios en el banquillo, Ruz recuerda que las medidas cautelares decretadas ya en la causa sobre los bienes vinculadas a Carceller Coll han quedado concretadas en el bloqueo y prohibición de disposición de la totalidad de acciones de SA Damm de la que es titular la mercantil Seegrund BV, siendo 36.272.424 acciones con un valor de 208,566 millones de euros, un bloqueo que se hace extensible a los dividendos que estos títulos generen y que queden depositados en Deutche Bank y GVC Gaesco Valores.
FRAUDE A HACIENDA
Ya el pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio
Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda 'cuando menos, desde el año 1990', simulando residir en Portugal y Reino Unido 'con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España'.
Las cantidades solicitadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 supera con creces las solicitadas por Anticorrupción, que eran de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A estos dos últimos Ruz les impone 269,525 millones de euros y 402,861 millones de euros, respectivamente.
En el auto de apertura de juicio, que supone sentar a los empresarios en el banquillo, Ruz recuerda que las medidas cautelares decretadas ya en la causa sobre los bienes vinculadas a Carceller Coll han quedado concretadas en el bloqueo y prohibición de disposición de la totalidad de acciones de SA Damm de la que es titular la mercantil Seegrund BV, siendo 36.272.424 acciones con un valor de 208,566 millones de euros, un bloqueo que se hace extensible a los dividendos que estos títulos generen y que queden depositados en Deutche Bank y GVC Gaesco Valores.
FRAUDE A HACIENDA
Ya el pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio
Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda 'cuando menos, desde el año 1990', simulando residir en Portugal y Reino Unido 'con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España'.
