La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) firmarán esta semana con el Gobierno la cesión de los 6.000 inmuebles que formarán parte del Fondo Social de Viviendas para dar alojamiento a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios.
El miércoles concluyó el plazo para que las entidades mostrasen su interés para adherirse al convenio por el que se constituye el Fondo y para detallar el número de viviendas que aportaría cada una.
El Fondo estará constituido por 6.000 viviendas, de las que la CECA aportará más de 3.000. 'Todas las entidades de nuestro sector se han adherido y el número viviendas que aportamos asciende a más de 3.000', según fuentes de la Confederación.
Las viviendas restantes, hasta alcanzar las 6.000 comprometidas, procederán de los bancos. Fuentes del sector han señalado a Europa Press que los primeros cálculos apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, y Banif, 2.
Por su parte, Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd's, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.
En la firma de este convenio también participará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encargada de las labores de valoración de los beneficiarios del fondo, que se pondrá en marcha a partir del próximo 31 de marzo. Junto a la AEB, la CECA y la FEMP participarán en este proyecto los ministerios de Economía, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.
En virtud del convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones emitirán, a petición del banco, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.
Tal y como informó el Ministerio de Economía, las entidades financieras fijarán mensualidades de 'escasa cuantía' para alquilar estas casas. A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, estén en 'situación especial de vulnerabilidad social'.
El Fondo estará constituido por 6.000 viviendas, de las que la CECA aportará más de 3.000. 'Todas las entidades de nuestro sector se han adherido y el número viviendas que aportamos asciende a más de 3.000', según fuentes de la Confederación.
Las viviendas restantes, hasta alcanzar las 6.000 comprometidas, procederán de los bancos. Fuentes del sector han señalado a Europa Press que los primeros cálculos apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, y Banif, 2.
Por su parte, Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd's, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.
En la firma de este convenio también participará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encargada de las labores de valoración de los beneficiarios del fondo, que se pondrá en marcha a partir del próximo 31 de marzo. Junto a la AEB, la CECA y la FEMP participarán en este proyecto los ministerios de Economía, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.
En virtud del convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones emitirán, a petición del banco, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.
Tal y como informó el Ministerio de Economía, las entidades financieras fijarán mensualidades de 'escasa cuantía' para alquilar estas casas. A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, estén en 'situación especial de vulnerabilidad social'.
