El sector financiero dio ayer una fría acogida a las iniciativas del Gobierno para atenuar los desahucios y, aunque anunció que las apoyará, recordó que ya estaba tomando medidas para ayudar a los más desfavorecidos. El Consejo de Ministros aprobó un Código de Buenas Prácticas Bancarias que obligará a las entidades que se adhieran a él a abaratar las hipotecas de las familias paradas y con bajos ingresos, o llegado el caso, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda.
Todo ello con objeto a evitar el desahucio, dado que las familias que estén en esta situación, aunque pierdan la propiedad de la casa, podrán permanecer en su interior durante un mínimo de dos años pagando un alquiler bajo. Estas medidas tuvieron una rápida respuesta de las entidades financieras, que recordaron que el desahucio es la última de las medidas deseadas y que en estos casos prefieren siempre renegociar la hipoteca o suavizar el pago de las cuotas.
La Asociación Española de Banca (AEB) además, se quejó de que el Gobierno les está obligando a asumir funciones contra la exclusión social que corresponde en verdad a la Administración. Además, resalta que 'una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no sólo en paliar sus efectos'.
LA MEJOR DISPOSICIÓN
La banca española, en cualquier caso, aseguró tener 'la mejor disposición' para adoptar el Código de Buenas Prácticas, pero recuerda que ya 'venían llevando a cabo numerosas actuaciones para paliar en lo posible la situación de aquellos clientes en mayor necesidad'.
En el mismo sentido se posicionó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que recordó que estas entidades ya 'son sensibles' a los problemas a los que se enfrentan las familias que no pueden pagar su hipoteca. Las cajas, dijo la organización, 'ya disponen de planes específicos', similares a los que hoy ha regulado el Gobierno.
Citó en concreto las refinanciaciones de la deuda hipotecaria, la aplicación de periodos de carencia en el pago del capital, la dación en pago con carácter voluntario, o la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor. La CECA recordó que las cajas 'han desempeñado un papel fundamental para favorecer el acceso a la vivienda en propiedad de amplias capas de la población, un factor muy positivo para fomentar la cohesión y la estabilidad social'.
Para alguna de las organizaciones de clientes bancarios, sin embargo, las medidas que adoptó el Gobierno son insuficientes para paliar los problemas hipotecarios en España. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma 'porque sólo se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades bancarias'. También destacó que la dación en pago 'no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desahucio'.
La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que el decreto'no es más que un parche' que no va a solucionar el 'grave problema' del aumento de las ejecuciones y desahucios.
La Asociación Española de Banca (AEB) además, se quejó de que el Gobierno les está obligando a asumir funciones contra la exclusión social que corresponde en verdad a la Administración. Además, resalta que 'una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse, sobre todo, en atacar sus causas y no sólo en paliar sus efectos'.
LA MEJOR DISPOSICIÓN
La banca española, en cualquier caso, aseguró tener 'la mejor disposición' para adoptar el Código de Buenas Prácticas, pero recuerda que ya 'venían llevando a cabo numerosas actuaciones para paliar en lo posible la situación de aquellos clientes en mayor necesidad'.
En el mismo sentido se posicionó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que recordó que estas entidades ya 'son sensibles' a los problemas a los que se enfrentan las familias que no pueden pagar su hipoteca. Las cajas, dijo la organización, 'ya disponen de planes específicos', similares a los que hoy ha regulado el Gobierno.
Citó en concreto las refinanciaciones de la deuda hipotecaria, la aplicación de periodos de carencia en el pago del capital, la dación en pago con carácter voluntario, o la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor. La CECA recordó que las cajas 'han desempeñado un papel fundamental para favorecer el acceso a la vivienda en propiedad de amplias capas de la población, un factor muy positivo para fomentar la cohesión y la estabilidad social'.
Para alguna de las organizaciones de clientes bancarios, sin embargo, las medidas que adoptó el Gobierno son insuficientes para paliar los problemas hipotecarios en España. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) auguró el fracaso de la norma 'porque sólo se podrán resolver un insignificante número de problemas de desahucios que les interese a las entidades bancarias'. También destacó que la dación en pago 'no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desahucio'.
La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que el decreto'no es más que un parche' que no va a solucionar el 'grave problema' del aumento de las ejecuciones y desahucios.
