Galicia registró un total de 42.350 viviendas alquiladas no declararas anualmente a Hacienda, cifra que sitúa a esta comunidad autonómica como la sexta con un mayor número de inmuebles en esta situación.
Cataluña concentró el número superior de rentas sumergidas en 2006, con 299.065 viviendas, seguida de Madrid (201.392), Andalucía (184.586), Comunidad Valenciana (69.725), Canarias (63.202), Galicia (42.350) o Baleares (33.126). Asimismo, Castilla y León concentró un total de 32.585 viviendas alquiladas no declararas, seguida de Asturias (26.168) y Extremadura (22.417).
Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 73,5 por ciento en Andalucía, seguida de Extremadura (71,8 por ciento), Canarias (66,5 por ciento), Murcia (64,9 por ciento) y Cataluña (64,7 por ciento). A continuación se situaron Madrid (60 por ciento), Baleares (58,5 por ciento), Comunidad Valenciana (54,8 por ciento), Asturias (52,7 por ciento), Galicia (44,7 por ciento), Cantabria (44,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (42,6 por ciento). A la cola se situaron Castilla y León (42,5 por ciento), La Rioja (23,1 por ciento) y Aragón (22,7 por ciento).
Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas entre cayó entre 2004 y 2006 un descendió un 51,9 por ciento en La Rioja, por delante de Castilla-La Mancha (-27,9 por ciento), Aragón (-26,7 por ciento), Cantabria (-21,1 por ciento), Galicia (-12,5 por ciento), Castilla y León (-12,02 por ciento), Murcia (-16,5 por ciento), Extremadura (-6,7 por ciento), Asturias (-4,6 por ciento), Comunidad Valenciana (-4,2 por ciento) y Baleares (-0,4 por ciento).
En el capítulo de incrementos, se situaron Cataluña (+10,5 por ciento), Madrid (+8,6 por ciento), Canarias (5,05 por ciento) y Andalucía (+1,09 por ciento).
El 60 por ciento de los alquileres (más de 1.028.000 arrendamientos) no se declaran anualmente a Hacienda, porcentaje que, con todo, se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último trienio, según a II edición del Estudios sobre Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España, del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Además, el informe --elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF-apunta que las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6 por ciento en el trienio analizado, hasta alcanzar los 2.100 millones de euros anuales.
Por otro lado, Gestha destaca que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar incipientemente el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en estos tres años, el 14,8 por ciento de la viviendas aún están vacías.
Además, el rendimiento medio por alquiler declarado creció por encima del número de declarantes, situándose en una media de 3.924 euros anuales, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento, apenas unos 90 euros en todo el periodo.
POSIBLES MEDIDAS
Ante este panorama, Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Asimismo, el colectivo plantea modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 73,5 por ciento en Andalucía, seguida de Extremadura (71,8 por ciento), Canarias (66,5 por ciento), Murcia (64,9 por ciento) y Cataluña (64,7 por ciento). A continuación se situaron Madrid (60 por ciento), Baleares (58,5 por ciento), Comunidad Valenciana (54,8 por ciento), Asturias (52,7 por ciento), Galicia (44,7 por ciento), Cantabria (44,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (42,6 por ciento). A la cola se situaron Castilla y León (42,5 por ciento), La Rioja (23,1 por ciento) y Aragón (22,7 por ciento).
Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas entre cayó entre 2004 y 2006 un descendió un 51,9 por ciento en La Rioja, por delante de Castilla-La Mancha (-27,9 por ciento), Aragón (-26,7 por ciento), Cantabria (-21,1 por ciento), Galicia (-12,5 por ciento), Castilla y León (-12,02 por ciento), Murcia (-16,5 por ciento), Extremadura (-6,7 por ciento), Asturias (-4,6 por ciento), Comunidad Valenciana (-4,2 por ciento) y Baleares (-0,4 por ciento).
En el capítulo de incrementos, se situaron Cataluña (+10,5 por ciento), Madrid (+8,6 por ciento), Canarias (5,05 por ciento) y Andalucía (+1,09 por ciento).
El 60 por ciento de los alquileres (más de 1.028.000 arrendamientos) no se declaran anualmente a Hacienda, porcentaje que, con todo, se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último trienio, según a II edición del Estudios sobre Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España, del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Además, el informe --elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF-apunta que las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6 por ciento en el trienio analizado, hasta alcanzar los 2.100 millones de euros anuales.
Por otro lado, Gestha destaca que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar incipientemente el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en estos tres años, el 14,8 por ciento de la viviendas aún están vacías.
Además, el rendimiento medio por alquiler declarado creció por encima del número de declarantes, situándose en una media de 3.924 euros anuales, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento, apenas unos 90 euros en todo el periodo.
POSIBLES MEDIDAS
Ante este panorama, Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Asimismo, el colectivo plantea modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
