El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que entregó el martes el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo.
El documento señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027.
Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, 'es posible seguir aumentando dicha edad legal', al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la 'indexación de las pensiones', que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido 'comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo', como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la 'insuficiencia' de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas.
AÑOS COTIZADOS
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora.
El Gobierno considera 'necesario' aumentar progresivamente, de 2027 a 2058, el período que habría que cotizar para cobrar el 100 % de una pensión contributiva y que debería ser de 40 años.
La reforma de pensiones de 2011 del PSOE fijó que, de 2013 a 2027, se elevarían progresivamente en dos los años (de los 35 actuales a 37) para poder percibir una prestación contributiva al completo.
El Ejecutivo estima que, con la elevación de 35 a 37 años, se cubre el aumento previsto de la esperanza de vida a los 67 años en el período 2013-2027 (en 2013 es de 18,26 años, que en 2027 llegará a 19,93 años). Debido a que de 2027 a 2058 la esperanza de vida subirá hasta los 21,26 años es por lo que plantea un nueva subida del período de cotización de tres años.
Para 2060 los años exigidos para cobrar el 100 % de la pensión serían 40,29 años. También plantea que se incremente el máximo de años considerados para el cálculo de la pensión, a pesar de que 'no se dispone de información suficiente para efectuar previsiones sobre períodos de cálculo superiores a 25 años'. La reforma de 2011 eleva progresivamente, desde 2013 a 2022, los años tenidos en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 a los 25.
Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
Además, detalla los procesos de reforma de los sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años cotizados para cobrar el 100% de la pensión.
Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, 'es posible seguir aumentando dicha edad legal', al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la 'indexación de las pensiones', que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido 'comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo', como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la 'insuficiencia' de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas.
AÑOS COTIZADOS
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora.
El Gobierno considera 'necesario' aumentar progresivamente, de 2027 a 2058, el período que habría que cotizar para cobrar el 100 % de una pensión contributiva y que debería ser de 40 años.
La reforma de pensiones de 2011 del PSOE fijó que, de 2013 a 2027, se elevarían progresivamente en dos los años (de los 35 actuales a 37) para poder percibir una prestación contributiva al completo.
El Ejecutivo estima que, con la elevación de 35 a 37 años, se cubre el aumento previsto de la esperanza de vida a los 67 años en el período 2013-2027 (en 2013 es de 18,26 años, que en 2027 llegará a 19,93 años). Debido a que de 2027 a 2058 la esperanza de vida subirá hasta los 21,26 años es por lo que plantea un nueva subida del período de cotización de tres años.
Para 2060 los años exigidos para cobrar el 100 % de la pensión serían 40,29 años. También plantea que se incremente el máximo de años considerados para el cálculo de la pensión, a pesar de que 'no se dispone de información suficiente para efectuar previsiones sobre períodos de cálculo superiores a 25 años'. La reforma de 2011 eleva progresivamente, desde 2013 a 2022, los años tenidos en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 a los 25.
Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
Además, detalla los procesos de reforma de los sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años cotizados para cobrar el 100% de la pensión.
