Acusa a la familia de haber adoptado decisiones perjudiciales contra el patrimonio de la sociedad

El juez retira a los Ruiz-Mateos de Clesa por el daño causado

Protesta de trabajadores de Clesa en Madrid, en defensa de sus puestos de trabajo. (Foto: ARCHIVO)
El Juzgado Mercantil de Madrid número 6 declaró el concurso de acreedores de Clesa, propiedad de Nueva Rumasa, y apartó a la familia Ruiz-Mateos de la gestión por haber adoptado decisiones perjudiciales contra su patrimonio llegando a multiplicar por cuatro su pasivo de explotación.
Según figura en el auto que ha dictado el juez Francisco Javier Vaquer Martín, la administración social de Clesa, hasta ahora en manos de los Ruiz-Mateos, adoptó decisiones perjudiciales contra Clesa, ya que han incrementado cada año el importe del pasivo. De la documentación aportada el pasivo inicial asciende a 1.112.363.077,30 euros, mientras que el activo se sitúa en los 304.764.109,77 euros.

La situación financiera de Clesa se ha visto agravada por numerosas operaciones de afianzamiento a favor de empresas ajenas a ella y sin más vínculos entre ellas -salvo en los 'escasos supuestos de participaciones directas mayoritarias- que los personales o familiares entre sus directivos, llegando a multiplicar por 4 su pasivo de explotación ordinario', según el auto.

El juez ha explicado que ha adoptado esta medida por considerar que es aconsejable para la protección de los intereses de las masas (los acreedores), así como para la protección y conservación de los bienes y derechos durante el tiempo en el que la compañía se encontrará en concurso de acreedores.

Francisco Javier Vaquer nombró administradores concursales de Clesa al abogado Ángel José Rojo, a Luis Pérez, como auditor, y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como acreedor.

Vaquer ha pedido que se remita certificación del contenido de este auto, por el que se declara a Clesa en concurso de acreedores voluntario, a los Registros de la Propiedad en relación a un total de 25 fincas. El mismo procedimiento pide que se realice al Registro de Bienes Muebles de Pontevedra en relación a un total de 260 vehículos y de 30 maquinarias distintas.

En relación a las marcas con las que operaba Clesa, el juez ha ordenado que se remita el auto a la Oficina Española de Patentes y Marcas para 68 marcas españolas, una comunitaria, seis extranjeras y siete internacionales, para su conocimiento y efectos.

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