Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea, han respaldado este lunes el acuerdo logrado el pasado 25 de junio entre el Parlamento Europeo y la Comisión, sobre la Política Agraria Común, que se aplicará entre 2023 y 2027 y que se ha alcanzado después de tres años de negociaciones, marcadas por la aprobación del Pacto Verde Europeo y la Estrategia del Campo a la Mesa. Para el ministro español, Luis Planas, se trata de un buen acuerdo para España que beneficiará los más de 695.000 perceptores españoles de ayudas de la PAC.
Para Planas, este es un acuerdo “histórico” que supone el cambio más importante de la Política Agraria Común de los últimos 30 años y que viene marcado por la salida de Reino Unido de la Unión, y la merma del 15% del presupuesto comunitario, por una nueva legislatura europea que incorpora a la base de todas las políticas el Pacto Verde y la pandemia del COVID-19 que ha evidenciado la importancia de la seguridad alimentaria y el papel estratégico de los sectores agrícola y ganadero, como proveedores de alimentos a precios asequibles al conjunto de la sociedad europea.
Planas ha destacado que este acuerdo trascendental permitirá mantener el equilibrio entre la rentabilidad de nuestras explotaciones y la sostenibilidad ambiental. De hecho, ha destacado que el acuerdo permitirá mantener el 60% de las ayudas del primer pilar (ayudas directas) al sostenimiento de la renta y el apoyo a los sectores ganaderos. “Después de tres años hemos podido traer al Consejo un buen acuerdo político que ha sido confirmado por los ministros. Es la mayor reforma de la PAC desde los años 90 y busca garantizar un sistema alimentario europeo sostenible y más justo e inclusivo”, la presidenta de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, ha celebrado una rueda de prensa, en la que ha negociado en nombre de los Veintisiete con los eurodiputados como presidencia de turno de la UE.
“Tenemos un problema con la situación actual porque la agricultura es cada vez más intensiva. El número de agricultores pequeños perdidos en los últimos años es muy alto y se trata de un proceso negativo. Tenemos que protegerles y darles una oportunidad para que desarrollen su papel “, ha defendido el eslovaco.
Además, los eurodiputados han empujado para incluir una “dimensión social” en la nueva PAC y el acuerdo contempla la creación de un mecanismo para “conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC”.
Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo que se ha celebrado en Luxemburgo, ha explicado que la dotación de la PAC supone un tercio del presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027 y asciende a unos 380.000 millones de euros, de los que, a España, le corresponden unos 47.000 millones de euros, de los cuales unos 37.000 se enmarcan en el primer pilar (pagos directos) y casi 8.000 millones en el segundo (desarrollo rural).
Con los ministros habiendo acordado estar a favor de la reforma, solo queda esperar a que las planificaciones comiencen a llevarse a cabo y podamos ver los frutos de una agricultura mucho más sostenible y una ganadería más respetuosa con los animales. Además, con el acuerdo entre las instituciones, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.
Asimismo, establece junto a la condicionalidad ambiental, la denominada “condicionalidad social”, ajena al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria, en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas, critican agricultores y ganaderos que consideran que el acuerdo consagra una PAC “más verde”, que remunera peor al agricultor, que deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, que establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y que se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos.
