Los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, han mostrado su rechazo a la propuesta del presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan una 'estabilidad laboral similar' a la de los trabajadores de la empresa privada, que pueden ser despedidos.
Para ambos, esta posibilidad no cabe en la función pública, dada que la estabilidad laboral de los funcionarios es necesaria para garantizar su 'independencia' en el desempeño de una 'importantísima tarea' al servicio del interés general. Tras la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, ambos han coincidido en recalcar que esta medida afectaría a un colectivo muy amplio en el que también se incluyen jueces y profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben mantener un 'nivel de inmovilidad' para el desempeño de su labor. Los dos parlamentarios son funcionarios, ya que Alonso es juez en excedencia y Sáenz de Santamaría es abogada del Estado.
