El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno mantendrá el gravamen temporal del IRPF en el año 2014, un año más de lo previsto, y lo eliminará en 2015. Así lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde dijo que la situación no permite eliminarlo antes.
En diciembre de 2011, nada más tomar posesión, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy anunció una subida progresiva del IRPF para los años 2012 y 2013, con lo que estaba previsto que en 2014 desapareciera este gravamen complementario, que supuso un aumento del impuesto de entre el 0,75% y el 7% dependiendo de los ingresos y unos ingresos el pasado año cercanos a los 4.000 millones de euros.
Asimismo, el elevará determinados impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, cerveza, tabaco, electricidad) aún sin determinar, así como crear tasas medioambientales para converger con la fiscalidad europea.
Por contra, la ley de apoyo al emprendedor y a la internacionalización incluirá ayudas fiscales, como el régimen especial en el IVA, la reducción por inversión de beneficios, o la deducción por actividades de I+D.
VEINTIDÓS MEDIDAS
Estas decisiones forman parte de las 22 grandes medidas del Programa Nacional de Reformas acordado ayer para ser remitido a Bruselas, que al igual que el FMI ya ha mostrado su respaldo a las nuevas políticas diseñadas por el Ejecutivo.
La Comisión Europea deberá dictaminar el 29 de mayo si, en consecuencia, otorga dos años más de plazo a España para reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB.
Al margen de las medidas impositivas mencionadas se incluye el recargo a los depósitos bancarios del 0,02 %, que deberán pagar los bancos, y que recaudará alrededor de 300 millones de euros que servirán para compensar a las comunidades autónomas que tenían un impuesto propio (Extremadura, Andalucía y Canarias).
La mayoría de las medidas que se incluyen en el plan ya estaban bosquejadas o anunciadas, pero destaca como novedosa la intención del Gobierno de acabar con las subidas automáticas de algunos costes y precios como los de los alquileres en función de la inflación anual.
En lo que se refiere a la reforma laboral en el segundo trimestre de este año habrá un primer informe de evaluación, contrastado por un organismo independiente que podría ser internacional.
En cuanto a las pensiones, el compromiso con la regulación del factor de sostenibilidad para garantizar su futuro ha llevado a constituir una comisión que dará forma a los criterios que regularán su futuro.
Las nuevas reformas del Gobierno incluyen asimismo el saneamiento de las cuentas públicas con medidas de consolidación fiscal, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social. Para ello se comprometen a crear lo antes posible la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que pueda llevar a cabo sus tareas de cara al próximo año.
También se aprobará cuanto antes la ley de transparencia y acceso a la información publica y buen gobierno, así como el plan de lucha contra la morosidad en las Administraciones Públicas.
Asimismo, el elevará determinados impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, cerveza, tabaco, electricidad) aún sin determinar, así como crear tasas medioambientales para converger con la fiscalidad europea.
Por contra, la ley de apoyo al emprendedor y a la internacionalización incluirá ayudas fiscales, como el régimen especial en el IVA, la reducción por inversión de beneficios, o la deducción por actividades de I+D.
VEINTIDÓS MEDIDAS
Estas decisiones forman parte de las 22 grandes medidas del Programa Nacional de Reformas acordado ayer para ser remitido a Bruselas, que al igual que el FMI ya ha mostrado su respaldo a las nuevas políticas diseñadas por el Ejecutivo.
La Comisión Europea deberá dictaminar el 29 de mayo si, en consecuencia, otorga dos años más de plazo a España para reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB.
Al margen de las medidas impositivas mencionadas se incluye el recargo a los depósitos bancarios del 0,02 %, que deberán pagar los bancos, y que recaudará alrededor de 300 millones de euros que servirán para compensar a las comunidades autónomas que tenían un impuesto propio (Extremadura, Andalucía y Canarias).
La mayoría de las medidas que se incluyen en el plan ya estaban bosquejadas o anunciadas, pero destaca como novedosa la intención del Gobierno de acabar con las subidas automáticas de algunos costes y precios como los de los alquileres en función de la inflación anual.
En lo que se refiere a la reforma laboral en el segundo trimestre de este año habrá un primer informe de evaluación, contrastado por un organismo independiente que podría ser internacional.
En cuanto a las pensiones, el compromiso con la regulación del factor de sostenibilidad para garantizar su futuro ha llevado a constituir una comisión que dará forma a los criterios que regularán su futuro.
Las nuevas reformas del Gobierno incluyen asimismo el saneamiento de las cuentas públicas con medidas de consolidación fiscal, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social. Para ello se comprometen a crear lo antes posible la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que pueda llevar a cabo sus tareas de cara al próximo año.
También se aprobará cuanto antes la ley de transparencia y acceso a la información publica y buen gobierno, así como el plan de lucha contra la morosidad en las Administraciones Públicas.
