Cientos de personas llegan cada año al país engañadas con la promesa de trabajo y salario digno
Mujeres nicaragüenses y hondureñas traídas a España para trabajar en el servicio doméstico y vivir en condiciones casi infrahumanas. Hombres rumanos, búlgaros y moldavos que recorren la geografía como temporeros y a los que los tratantes les arrebatan casi todo su salario. Es la otra trata, contra la que también lucha la Guardia Civil.
Cientos de personas llegan cada año a España engañadas por sus tratantes con la promesa de un trabajo y un salario digno que les saque, al menos por unos meses, de la situación de penuria y vulnerabilidad que viven en su países. Son numerosas las operaciones contra este tipo de explotación que lleva a cabo cada año la Guardia Civil, en muchos casos con la colaboración de las ONG, como explica el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial, Vicente Calvo.
Pero esta actividad ilícita emerge cada año con cada campaña agrícola y extiende sus tentáculos allá donde la recolección del producto apremia. Desde Almería y Huelva hasta Navarra, Álava, La Rioja, Comunidad Valenciana o Castilla y León. Y es que no hay en España mano de obra suficiente que se preste a realizar estos trabajos y los propietarios de las explotaciones agrarias recurren a Empresas de Empleo Temporal (ETT) para que les suministren temporeros. Lo que no saben es que una parte de esas ETT han sido constituidas por organizaciones criminales dedicadas a captar a esos trabajadores, a los que les cobran por el traslado, por el alojamiento e, incluso, por el transporte hasta las fincas. Y no solo eso. Se hacen con sus tarjetas de crédito y les arrebatan prácticamente todo su salario.
Son redes formadas por personas de la misma nacionalidad que sus víctimas, rumanos y búlgaros la mayoría, que captan a los trabajadores en las zonas rurales de esos países, donde viven en una situación muy precaria. Calvo explica cómo desde hace un tiempo están llegando a España mujeres procedentes de Nicaragua y Honduras, captadas por sus propios parientes para cuidar a dependientes, mayores o enfermos. Estas víctimas llegan a contraer una deuda con sus captores que ronda los 6.000 euros por el viaje y la documentación. No logran saldarla.
Precisamente, en una de las operaciones la Guardia Civil desarticuló un clan familiar nicaragüense que desde 2016 había esclavizado a 50 mujeres en La Rioja. Los empleadores las pagaban en “negro” y las víctimas tenían que entregar el 85 por ciento del salario a la red.
BARRACONES Y HASTA POCILGAS
No ocurre en todos los casos, pero sí en muchos. Las redes también se encargan de alojar a sus víctimas y lo hacen en barracones, tiendas de campaña, viejas viviendas donde tienen que convivir hacinadas... Incluso, en naves antes dedicadas a criar cerdos y apenas adecentadas para estos trabajadores.
Comenta Calvo que en una ocasión pudo comprobar cómo los tratantes vivían en la zona “buena” de la casa, con varios baños incluso, y alojaba a las víctimas en lo que antes eran cuadras.
También en otra operación los agentes pudieron ver cómo los explotadores vivían en un chalet y los explotados en “roulottes” de desgüace hacinados.
Según han podido constatar también los investigadores, en algunos casos, cuando las víctimas terminan su jornada en el campo, los tratantes les obligan a hacer otras tares, como preparar el alojamiento para otros temporeros, trabajar en las huertas o arreglar el jardín de su tratante.
Pero es tan penosa su situación en sus países de origen, que alguna víctima ha llegado a decir a los agentes que al menos le daban de comer y un euro para tomar un café.
De todos modos, ese conformismo no es generalizado en todas las víctimas de explotación laboral. De hecho, algunas se atreven a denunciar su situación.
