El Gobierno gallego salía ayer al paso de las supuestas filtraciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre la auditoría que se está realizando a las cajas gallegas, negando tener en su poder dato alguno sobre el contenido de aquella. La Xunta niega que la información publicada pueda corresponder a los resultados de la citada auditoría. Sobre ésta, señala que los trabajos van a buen ritmo y permiten estar en condiciones de cumplir el plazo pactado de un mes para conocer sus resultados finales.
La Xunta aseguró ayer en un comunicado que no cuenta a día con ningún avance de datos sobre las auditorías externas que está realizando la firma KPMG sobre Caixa Galicia y Caixanova desde el 4 de diciembre. En este sentido, el Gobierno gallego indicó que en aquel momento pactó, junto a las dos entidades financieras, el encargo de este trabajo para conocer la situación exacta de las cuentas de ambas cajas.
Se trata, en definitiva, de certificar la bondad de sus balances y que no cuentan con pasivos contingentes y despejar, de esta manera, cualquier duda sobre la solvencia de una unión de ambas cajas por un proceso de fusión. Según la Xunta, los trabajos realizados hasta ahora van a buen La ponencia parlamentaria finalizó su informe
ritmo y permiten estar en condiciones de cumplir el plazo pactado de un mes para conocer sus resultados. Además, en referencia a los datos filtrados por el periódico coruñés La Voz de Galicia, subrayó que cualquier dato publicado no se puede corresponder con los trabajos de las auditorías y confió en el buen hacer de los profesionales que las realizan.
Recordó también el Ejecutivo autonómico que no se dispondrá de información hasta que los auditores puedan llegar al menos a las conclusiones provisionales de su trabajo, y agregó que mantiene su compromiso de comunicar los resultados del mismo a los agentes políticos, económicos y sociales.
La Xunta se expresó así después de que ayer se publicaran datos relativos supuestamente a estos trabajos, lo que llevó al líder del PSdeG, Manuel Vázquez, a poner en duda el rigor y la confianza de la auditoría.
Vázquez: Feijóo quiere engañar a todos
El secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, reclamó hoy al presidente de la Xunta que aclare si consultó con el Banco de España acerca de una fusión de las cajas gallegas y le exigió que, en caso afirmativo, explique qué le dijo. Feijóo está intentando engañar a todos los gallegos y al Banco de España, afirmó.
Tras insistir en que la auditoría fue filtrada a la prensa, pidió que la conselleira de Facenda comparezca urgentemente para explicar quién fue el responsable, así como si el Gobierno gallego participa activamente en la auditoría y señaló que se estaba comprobando que la auditoría no sólo no es independiente, sino que es una auditoría controlada por el Gobierno gallego
La ponencia parlamentaria encargada de hacer un informe para la reforma de la Ley de Cajas de Galicia cerró un texto para presentar en comisión en el que los tres grupos -PPdeG, PSdeG y BNG- respaldan los puntos que se refieren a la representación de la Xunta y la composición de las asambleas generales, aunque con discrepancias del PSdeG acerca de la forma elegir a los representantes por las entidades.
Los miembros de la ponencia -Pedro Puy por el PP, Xaquín Fernández Leiceaga por el PSdeG y Fernando Blanco por el BNG- terminaron ayer la redacción del documento que se presentará ante la Comisión de Economía para su debate, un momento en el que se mostra ron abiertos a buscar más consenso.
En este punto el BNG propone que, como empleado de la caja, este cargo no pueda exceder los 65 años para su nombramiento. La propuesta consensuada sitúa en un 20 por ciento la representación de la comunidad autónoma en los órganos de gobierno de las cajas y establece que los representantes serán elegidos por el Parlamento y no podrán ejercer en el momento ningún cargo político. En este punto se asume, como defendió el PPdeG, que cada grupo presente candidatos y que éstos sean elegidos de forma proporcional. En cualquier caso, los integrantes de la asamblea tendrán un máximo de 70 años de edad.
Además, se hará alusión a las nuevas formas de unión entre entidades financieras, en concreto a un SIP, con la intención de que la Xunta disponga de capacidad de veto en estas operaciones. Las principales diferencias con el PSdeG se refieren a la forma de designación del 10 por ciento de miembros de entidades representativas. Estos cargos -serían 16, pues la asamblea se compondrá de 160 personas- se repartirían a partes iguales entre la Confederación de Empresarios, los sindicatos, los miembros del Consello Económico e Social que no representan ni a patronal ni a trabajadores y entidades benéficas.
La propuesta de populares y nacionalistas es que sea la Consellería de Facenda la que haga el nombramiento, algo con lo que no concuerdan los socialistas, según fuentes de la negociación. En cuanto a los ayuntamientos, el actual sistema -que mantienen PP y BNG.reserva un tercio de los representantes a ayuntamientos pequeños y medianos que se reparten por sorteo. El PSdeG apuesta por que la representación sea proporcional a los depósitos de clientes captados, lo que introduciría, a juicio de los populares, un sesgo territorial potente, pues daría la mayor parte de los representantes a las grandes ciudades.
Otro punto de colisión es el sistema de sorteo para elegir a los representantes de los impositores, pues los populares gallegos y BNG defienden que sea un sorteo directo.
Se trata, en definitiva, de certificar la bondad de sus balances y que no cuentan con pasivos contingentes y despejar, de esta manera, cualquier duda sobre la solvencia de una unión de ambas cajas por un proceso de fusión. Según la Xunta, los trabajos realizados hasta ahora van a buen La ponencia parlamentaria finalizó su informe
ritmo y permiten estar en condiciones de cumplir el plazo pactado de un mes para conocer sus resultados. Además, en referencia a los datos filtrados por el periódico coruñés La Voz de Galicia, subrayó que cualquier dato publicado no se puede corresponder con los trabajos de las auditorías y confió en el buen hacer de los profesionales que las realizan.
Recordó también el Ejecutivo autonómico que no se dispondrá de información hasta que los auditores puedan llegar al menos a las conclusiones provisionales de su trabajo, y agregó que mantiene su compromiso de comunicar los resultados del mismo a los agentes políticos, económicos y sociales.
La Xunta se expresó así después de que ayer se publicaran datos relativos supuestamente a estos trabajos, lo que llevó al líder del PSdeG, Manuel Vázquez, a poner en duda el rigor y la confianza de la auditoría.
Vázquez: Feijóo quiere engañar a todos
El secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, reclamó hoy al presidente de la Xunta que aclare si consultó con el Banco de España acerca de una fusión de las cajas gallegas y le exigió que, en caso afirmativo, explique qué le dijo. Feijóo está intentando engañar a todos los gallegos y al Banco de España, afirmó.
Tras insistir en que la auditoría fue filtrada a la prensa, pidió que la conselleira de Facenda comparezca urgentemente para explicar quién fue el responsable, así como si el Gobierno gallego participa activamente en la auditoría y señaló que se estaba comprobando que la auditoría no sólo no es independiente, sino que es una auditoría controlada por el Gobierno gallego
La ponencia parlamentaria encargada de hacer un informe para la reforma de la Ley de Cajas de Galicia cerró un texto para presentar en comisión en el que los tres grupos -PPdeG, PSdeG y BNG- respaldan los puntos que se refieren a la representación de la Xunta y la composición de las asambleas generales, aunque con discrepancias del PSdeG acerca de la forma elegir a los representantes por las entidades.
Los miembros de la ponencia -Pedro Puy por el PP, Xaquín Fernández Leiceaga por el PSdeG y Fernando Blanco por el BNG- terminaron ayer la redacción del documento que se presentará ante la Comisión de Economía para su debate, un momento en el que se mostra ron abiertos a buscar más consenso.
En este punto el BNG propone que, como empleado de la caja, este cargo no pueda exceder los 65 años para su nombramiento. La propuesta consensuada sitúa en un 20 por ciento la representación de la comunidad autónoma en los órganos de gobierno de las cajas y establece que los representantes serán elegidos por el Parlamento y no podrán ejercer en el momento ningún cargo político. En este punto se asume, como defendió el PPdeG, que cada grupo presente candidatos y que éstos sean elegidos de forma proporcional. En cualquier caso, los integrantes de la asamblea tendrán un máximo de 70 años de edad.
Además, se hará alusión a las nuevas formas de unión entre entidades financieras, en concreto a un SIP, con la intención de que la Xunta disponga de capacidad de veto en estas operaciones. Las principales diferencias con el PSdeG se refieren a la forma de designación del 10 por ciento de miembros de entidades representativas. Estos cargos -serían 16, pues la asamblea se compondrá de 160 personas- se repartirían a partes iguales entre la Confederación de Empresarios, los sindicatos, los miembros del Consello Económico e Social que no representan ni a patronal ni a trabajadores y entidades benéficas.
La propuesta de populares y nacionalistas es que sea la Consellería de Facenda la que haga el nombramiento, algo con lo que no concuerdan los socialistas, según fuentes de la negociación. En cuanto a los ayuntamientos, el actual sistema -que mantienen PP y BNG.reserva un tercio de los representantes a ayuntamientos pequeños y medianos que se reparten por sorteo. El PSdeG apuesta por que la representación sea proporcional a los depósitos de clientes captados, lo que introduciría, a juicio de los populares, un sesgo territorial potente, pues daría la mayor parte de los representantes a las grandes ciudades.
Otro punto de colisión es el sistema de sorteo para elegir a los representantes de los impositores, pues los populares gallegos y BNG defienden que sea un sorteo directo.
