No ha solicitado ninguna medida contra Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía
La Fiscalía ha pedido hoy una fianza civil de 6.769.284 euros por el caso de los ERE para Francisco Mencía, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), aunque no ha solicitado ninguna medida contra Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Mencía, Moya-Angeler y dos ex altos cargos de la Junta han sido imputados hoy en la nueva rama de investigación sobre los ERE centrada en las inversiones de las agencias IFA e IDEA, aunque todos se han acogido a su derecho a no declarar al igual que otras once personas citadas esta semana.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Mencía una fianza de responsabilidad civil de 6,7 millones de euros, equivalente al 5 % del crédito de que dispuso IFA/IDEA en los años de su mandato (2003 y 2004) incrementado en el tercio legal correspondiente.
Anticorrupción no ha pedido ninguna medida personal ni económica contra los otros tres imputados de hoy: Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales; José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades y en la actualidad secretario general técnico de la empresa Abengoa, y Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.
En el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya ha imputado a Mencía por conocer el "uso inadecuado de las transferencias de financiación, destinadas solo a financiar la actividad genérica de IFA o sus pérdidas, pero en modo alguno para el pago de subvenciones".
Ello suponía "prescindir del procedimiento legal de subvenciones y de sus controles por parte de la Intervención", según Alaya, quien añade que Mencía, como director general de IFA y superior de los directores de Finanzas ya imputados, "sería partícipe y conocedor del falseamiento del presupuesto, presupuestando gastos inexistentes para permitir el sistema".
"A sabiendas de su ilegalidad", Mencía firmó 124 convenios que sumaban 115.213.406 euros, y la juez afirma que sabía que "gran parte de estas ayudas favorecían injustamente a la Sierra Norte de Sevilla y a determinados grupos empresariales", entre ellos a los ya imputados José Enrique Rosendo y José María Sayago.
Además, muchas de estas ayudas importaban el tope de 1,2 millones de euros para evitar que tuviesen que ser ratificadas por el Consejo de Gobierno de la Junta.
La defensa de Mencía se ha opuesto a las medidas y ha dicho que "no existe el menor indicio, más allá de conjeturas sin base probatoria alguna, que puedan llevar a la conclusión de que el señor Mencía consciente y voluntariamente adoptara decisión alguna que amparase actos antijurídicos".
Ángel Garijo, ex secretario general de Innovación, no había recibido hoy la citación para comparecer ante la juez Mercedes Alaya, mientras que Isabel de Haro, ex secretaria general de Desarrollo Industrial, y Pilar Rodríguez, ex secretaria general de Telecomunicaciones, han visto su declaración aplazada al 5 de junio debido a que no han recibido el auto de imputación.
Estas declaraciones se producen dentro de una ronda de 25 nuevas imputaciones de vocales del Consejo Rector de las agencias andaluzas IFA e IDEA relacionadas con las ayudas que canalizaron.
