Castro apunta que hay "sobrados indicios" de que la infanta participó de las actividades de su esposo "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera"
El juez José Castro decidió, tras cuatro años de investigación, que la infanta Cristina debe ser juzgada por presuntos delitos fiscales y blanqueo junto a su marido, Iñaki Urdangarin, a quien responsabiliza de la creación de una trama corrupta para aprovechar su vinculación con la Familia Real. En el auto con el que cerró ayer la instrucción, de 167 páginas, Castro apunta que hay "sobrados indicios" de que la infanta participó de las actividades de su esposo "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera" él, mediante "la colaboración silenciosa de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados" en la empresa familiar Aizoon.
Según el juez, dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas de las comunidades valenciana y balear, a los que se añade el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales". El magistrado considera que Urdangarin, con el respaldo de su socio Diego Torres, creó un entramado empresarial en torno al Instituto Nóos para "rentabilizar económicamente" su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta.
Los delitos de la pareja
En el auto se atribuyen al duque de Palma 25 presuntos delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad en documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda. A partir de varios informes de Hacienda, Castro sostiene que Urdangarin defraudó 182.005 euros en 2007 y 155.138 en 2008 en sus declaraciones de IRPF. Estos supuestos delitos se atribuyen también a la infanta porque se llevaron a cabo a través de Aizoon, la empresa que compartía la pareja al 50%.
El juez imputa a la duquesa de Palma blanqueo de capitales porque cree probado que gastó dinero procedente de actividades delictivas de su marido a sabiendas de su origen. Castro no se pronuncia sobre si la infanta actúo por "confianza, veneración o amor" a su marido, pero le reprocha que en su declaración del pasado 8 de febrero argumentara en reiteradas ocasiones su "desconocimiento", una postura que imposibilita al magistrado para "desvalorizar los indicios incriminatorios" y sobreseer su imputación.
Por los dos delitos contra la Hacienda pública y el de blanqueo de capitales la infanta podría ser condenada hasta 16 años de prisión. Su abogado, Miquel Roca, afirmó que recurrirá la imputación ante la Audiencia de Palma, previsiblemente el próximo 2 de julio, porque "no hay base ni indicios" ni ninguna prueba para mantenerla encausada, y recordó que la Fiscalía y la Agencia Tributaria han considerado "de manera reiterada y muy convincente" que no hay delito ni infracción tributaria por parte de doña Cristina.
En total, el juez plantea que deben ser juzgadas 16 personas por supuesta malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento público, estafa, delitos contra Hacienda, falsificación y blanqueo.
