La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por cuatro votos a uno no investigar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por decretar la libertad bajo fianza de la etarra Maite Aranalde, que se dio a la fuga unos días después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 adoptara esta resolución judicial. Asimismo los miembros acordaron por unanimidad el archivo de la queja interpuesta por el PP contra Baltasar Garzón en relación con el 'caso Gürtel'.
s Según fuentes del CGPJ, el voto discrepante correspondió al vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez Baltasar Garzón, que consideró que el órgano de gobierno de los jueces debería incoar una información previa al objeto de investigar debidamente los hechos, que fueron denunciados por el sindicato Manos Limpias.
El pasado 3 de septiembre, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de la decisión de la Audiencia Nacional de no adoptar ninguna medida contra Velasco, al considerar que tanto la imposición de la fianza como la orden de ingreso en prisión dictada posteriormente por Garzón se ajustaban a la ley.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas, que no se produjeron anomalías en el funcionamiento 'sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el CGPJ'.
LIBERTAD BAJO FIANZA
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004
provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.
Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado 27 de agosto.
Después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el regreso del juez Garzón, quien decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.
No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
ARCHIVADA LA QUEJA DEL PP SOBRE GARZÓN
Asimismo, el CGPJ acordó por unanimidad el archivo de la queja interpuesta el pasado 12 de marzo por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del denominado 'caso Gürtel, relativo a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido.
Para la Comisión, que coincide con el criterio manifestado por los Servicios de Inspección, los hechos a los que se refiere la queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial de Garzón.
En su informe, la Inspección señalaba que de la conducta de Garzón al respecto --por levantar el secreto de sumario el pasado 5 de marzo para inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia-- 'no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario'.
Añadía que la queja del PP no incluía más que 'consideraciones subjetivas expresadas por los interesados', quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.
Según el escrito presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que 'dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP', además de darse publicidad 'sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes'.
NOTIFICACIÓN IRREGULAR
El PP denunció como 'irregular' la notificación del auto de inhibición relativo a la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, 'recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar'.
'Ante tan sorprendente como irregular procedimiento', señalaba el escrito, Camps requirió 'de nuevo al funcionario para que se identificara, a lo que éste se negó de nuevo'. También le preguntó 'como había conseguido su número de teléfono personal' y el funcionario policial 'contestó 'diligencias policiales' e insistió en que cumplía órdenes de su superioridad'. Al final, Camps le proporcionó un número de fax, al que se remitió el auto.
Igualmente criticaba la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.
'¿Por qué se eludió el procedimiento legal de notificación? ¿Por qué no se hizo la notificación por los correspondientes Secretarios Judiciales y Oficiales de la Administración de Justicia?', preguntaba el PP.
Denunciaba igualmente que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición, lo que consideraba como una maniobra para retener el caso en su poder.
Por su parte, los Servicios de Inspección del CGPJ señalaron que con la información a la prensa de los autos de inhibición 'el Gabinete de Prensa actuó siguiendo escrupulosamente el protocolo de la Comunicación de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 7 de julio de 2004' y añaden que los permisos de viaje obtenidos por el magistrado de la Audiencia Nacional se ajustaron a la legalidad.
El pasado 3 de septiembre, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de la decisión de la Audiencia Nacional de no adoptar ninguna medida contra Velasco, al considerar que tanto la imposición de la fianza como la orden de ingreso en prisión dictada posteriormente por Garzón se ajustaban a la ley.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas, que no se produjeron anomalías en el funcionamiento 'sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el CGPJ'.
LIBERTAD BAJO FIANZA
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004
provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.
Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado 27 de agosto.
Después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el regreso del juez Garzón, quien decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.
No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
ARCHIVADA LA QUEJA DEL PP SOBRE GARZÓN
Asimismo, el CGPJ acordó por unanimidad el archivo de la queja interpuesta el pasado 12 de marzo por el PP contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su instrucción del denominado 'caso Gürtel, relativo a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido.
Para la Comisión, que coincide con el criterio manifestado por los Servicios de Inspección, los hechos a los que se refiere la queja del PP carecen de relevancia disciplinaria, pues se trata de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial de Garzón.
En su informe, la Inspección señalaba que de la conducta de Garzón al respecto --por levantar el secreto de sumario el pasado 5 de marzo para inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia-- 'no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario'.
Añadía que la queja del PP no incluía más que 'consideraciones subjetivas expresadas por los interesados', quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.
Según el escrito presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que 'dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP', además de darse publicidad 'sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes'.
NOTIFICACIÓN IRREGULAR
El PP denunció como 'irregular' la notificación del auto de inhibición relativo a la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, 'recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar'.
'Ante tan sorprendente como irregular procedimiento', señalaba el escrito, Camps requirió 'de nuevo al funcionario para que se identificara, a lo que éste se negó de nuevo'. También le preguntó 'como había conseguido su número de teléfono personal' y el funcionario policial 'contestó 'diligencias policiales' e insistió en que cumplía órdenes de su superioridad'. Al final, Camps le proporcionó un número de fax, al que se remitió el auto.
Igualmente criticaba la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.
'¿Por qué se eludió el procedimiento legal de notificación? ¿Por qué no se hizo la notificación por los correspondientes Secretarios Judiciales y Oficiales de la Administración de Justicia?', preguntaba el PP.
Denunciaba igualmente que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición, lo que consideraba como una maniobra para retener el caso en su poder.
Por su parte, los Servicios de Inspección del CGPJ señalaron que con la información a la prensa de los autos de inhibición 'el Gabinete de Prensa actuó siguiendo escrupulosamente el protocolo de la Comunicación de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 7 de julio de 2004' y añaden que los permisos de viaje obtenidos por el magistrado de la Audiencia Nacional se ajustaron a la legalidad.
