E El Pleno del Congreso aprobó ayer la proposición de ley firmada por el PSOE y el PP más los nacionalistas catalanes y vascos con la que se procede a una revisión global de la Ley Electoral de 1985. La reforma, que cosechó el voto en contra de ERC-IU-ICV, UPyD y BNG, se remite ahora al Senado para culminar su tramitación parlamentaria en la sesión extraordinaria que la Cámara Alta celebrará el 18 de enero. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
Veinticinco años después de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el Congreso culminó ayer su primera actualización global, para lo cual recogió todos los acuerdos adoptados en la subcomisión del Congreso que estuvo dos años trabajando en los posibles cambios.
Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.
También contempla la extensión de los criterios de pluralismo y proporcionalidad a las televisiones privadas, la prohibición de actos de inauguración en campaña, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.
Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.
También contempla la extensión de los criterios de pluralismo y proporcionalidad a las televisiones privadas, la prohibición de actos de inauguración en campaña, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.
