El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son 'una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones' y de 'la libertad de religión de los alumnos'.
La sentencia, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.
La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.
El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo 'las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar' la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Eso sí, los republicanos ya habían advertido de que era un paso previo para quitar la simbología religiosa de los colegios concertados.
NO CONCRETA LA TITULARIDAD
Finalmente, el PSOE ofreció a Esquerra un acuerdo donde no hay un llamamiento expreso a retirar la simbología religiosa, pero sí reclama al Gobierno que 'traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo' sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 'especialmente en lo relativo a centros escolares', sin especificar la titularidad de los centros.
Para Tardà, el acuerdo alcanzado muestra que los socialistas tienen 'verdadera voluntad política' de cumplir su compromiso de modificar la Ley de libertad religiosa. 'No tenían ninguna necesidad de llegar a un acuerdo con los republicanos, con la que esta cayendo y podrían haber despachado la iniciativa con una enmienda a la baja o con un voto en contra', subrayó Tardá.
El portavoz del PSOE, Luis Tomás, celebró el acuerdo con ERC y señaló que España subscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, lo que le obliga a incorporar a su ordenamiento jurídico esta sentencia.
El diputado del PSOE dijo que el Gobierno quiere dar pasos para alcanzar 'la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado, una laicidad que respeta el hecho religioso pero que exige igualdad ante la ley y que ninguna confesión goce de trato de favor en sus relaciones con el poder'.
PP: EXISTEN PROBLEMAS MUCHO MÁS IMPORTANTES
Por parte del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, acusó al PSOE de 'campeón de la incoherencia y de la ambigüedad' y criticó que origine una batalla con una iniciativa 'inoportuna cuando existen problemas mucho más importantes en la educación española'. 'Están generando un conflicto educativo innecesario', sentenció.
A su juicio, 'hay que ser fanático o intransigente para sentirse agredido por el crucifijo, la Estrella de David o la Media Luna Roja'. Gómez Trinidad afirmó que el Estado sea aconfesional 'no significa que sea confesionalmente laicista y beligerante contra cualquier símbolo religioso' y recordó que 'la inmensa mayoría de los españoles se siente creyentes'.
'Si esto les molesta, ¿hasta dónde van a llegar?, ¿prohibirán que se canten villancicos en la vía pública?, ¿habrá que destruir o camuflar la Sagrada Familia, la fachada del Obradoiro o las catedrales góticas?'.
'¿Tendremos que instar al Gobierno a que dejen de mantener cualquier obra del Museo del Prado de temática religiosa?, ¿deberá cambiarse el escude del Principado de Asturias y el de once estados europeos?', se preguntó. En su opinión, esta iniciativa desacredita 'y con toda la razón' a la Cámara, ya que se dará una imagen de 'frivolidad' y de tratar 'temas accidentales y no esenciales'.
CIU: SON PARTE DE LA CULTURA
Por su parte, Mercè Pigem (CiU) resaltó que la iniciativa se extiende 'más allá de los centros públicos e incluye a los privados y concertados'. Este grupo se posicionó en contra del texto por considerar que 'siendo los símbolos religiosos parte de la cultura del Estado, se trata de un asunto que no puede resolverse con proposiciones lineales'.
'Es un jardín muy frondoso en el que no queremos entrar, si lo aplicamos a todo tendremos que acabar por cambiar los nombres de las calles y de los colegios', apuntó la diputada del grupo nacionalista, quien reivindicó la autonomía de los centros, 'en los que no se puede ni prohibir ni imponer'.
El BNG consideró que mantener 'el crucifijo en las aulas es manifestar que la simbología del Estado español debe estar dentro de los parámetros cristianos'.
La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.
El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo 'las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar' la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Eso sí, los republicanos ya habían advertido de que era un paso previo para quitar la simbología religiosa de los colegios concertados.
NO CONCRETA LA TITULARIDAD
Finalmente, el PSOE ofreció a Esquerra un acuerdo donde no hay un llamamiento expreso a retirar la simbología religiosa, pero sí reclama al Gobierno que 'traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo' sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 'especialmente en lo relativo a centros escolares', sin especificar la titularidad de los centros.
Para Tardà, el acuerdo alcanzado muestra que los socialistas tienen 'verdadera voluntad política' de cumplir su compromiso de modificar la Ley de libertad religiosa. 'No tenían ninguna necesidad de llegar a un acuerdo con los republicanos, con la que esta cayendo y podrían haber despachado la iniciativa con una enmienda a la baja o con un voto en contra', subrayó Tardá.
El portavoz del PSOE, Luis Tomás, celebró el acuerdo con ERC y señaló que España subscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, lo que le obliga a incorporar a su ordenamiento jurídico esta sentencia.
El diputado del PSOE dijo que el Gobierno quiere dar pasos para alcanzar 'la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado, una laicidad que respeta el hecho religioso pero que exige igualdad ante la ley y que ninguna confesión goce de trato de favor en sus relaciones con el poder'.
PP: EXISTEN PROBLEMAS MUCHO MÁS IMPORTANTES
Por parte del PP, Juan Antonio Gómez Trinidad, acusó al PSOE de 'campeón de la incoherencia y de la ambigüedad' y criticó que origine una batalla con una iniciativa 'inoportuna cuando existen problemas mucho más importantes en la educación española'. 'Están generando un conflicto educativo innecesario', sentenció.
A su juicio, 'hay que ser fanático o intransigente para sentirse agredido por el crucifijo, la Estrella de David o la Media Luna Roja'. Gómez Trinidad afirmó que el Estado sea aconfesional 'no significa que sea confesionalmente laicista y beligerante contra cualquier símbolo religioso' y recordó que 'la inmensa mayoría de los españoles se siente creyentes'.
'Si esto les molesta, ¿hasta dónde van a llegar?, ¿prohibirán que se canten villancicos en la vía pública?, ¿habrá que destruir o camuflar la Sagrada Familia, la fachada del Obradoiro o las catedrales góticas?'.
'¿Tendremos que instar al Gobierno a que dejen de mantener cualquier obra del Museo del Prado de temática religiosa?, ¿deberá cambiarse el escude del Principado de Asturias y el de once estados europeos?', se preguntó. En su opinión, esta iniciativa desacredita 'y con toda la razón' a la Cámara, ya que se dará una imagen de 'frivolidad' y de tratar 'temas accidentales y no esenciales'.
CIU: SON PARTE DE LA CULTURA
Por su parte, Mercè Pigem (CiU) resaltó que la iniciativa se extiende 'más allá de los centros públicos e incluye a los privados y concertados'. Este grupo se posicionó en contra del texto por considerar que 'siendo los símbolos religiosos parte de la cultura del Estado, se trata de un asunto que no puede resolverse con proposiciones lineales'.
'Es un jardín muy frondoso en el que no queremos entrar, si lo aplicamos a todo tendremos que acabar por cambiar los nombres de las calles y de los colegios', apuntó la diputada del grupo nacionalista, quien reivindicó la autonomía de los centros, 'en los que no se puede ni prohibir ni imponer'.
El BNG consideró que mantener 'el crucifijo en las aulas es manifestar que la simbología del Estado español debe estar dentro de los parámetros cristianos'.
