Dos abogados de Bilbao han sido detenidos en la capital vizcaína por la Ertzaintza acusados de estafar a inmigrantes ilegales, a los que supuestamente cobraban por facilitarles un contrato de trabajo fraudulento con el que regularizar su situación laboral en España.
Según ha informado hoy el departamento vasco de Interior en un comunicado, la detención de ambos letrados, que cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, se produjo el pasado día 10 de noviembre, tras cinco semanas de investigación de sus actividades.
Durante sus pesquisas, los agentes encargados del caso determinaron la existencia de dos gestorías de Bilbao donde inmigrantes extranjeros no comunitarios, principalmente magrebíes, en situación administrativa irregular, acudían para obtener contratos de trabajo con el fin de regularizar su situación.
Los inmigrantes entregaban entre 2.400 y 3.000 euros a los abogados, quienes, a cambio, supuestamente les ofrecían contratos en locales de hostelería, cuando lo que les proporcionaban eran contratos fraudulentos como empleados de hogar.
Para realizar estos contratos, los abogados utilizaban, como empleadores de los estafados, datos personales de particulares que desconocían que se estuviera usando su identidad para tal fin.
La investigación ha podido determinar que este tipo de proceder comenzó en enero de este año y, hasta el momento de las detenciones, los ertzainas habían podido localizar a cuatro trabajadores afectados, así como a sus supuestos empleadores.
Tras arrestar a los abogados, los agentes han registrado las dos gestorías que utilizaban, donde se encontró numerosa documentación, entre ella contratos ya realizados.
La documentación está siendo estudiada con el objetivo de localizar tanto a nuevos trabajadores extranjeros supuestamente estafados como a los particulares cuya identidad era usurpada para formalizar los contratos fraudulentos.
El pasado 29 de octubre, los agentes de la Ertzaintza detuvieron a otro asesor laboral bilbaíno que, mediante la acreditación de sus antiguos trabajos en dos empresas de la construcción de la capital vizcaína, había estafado con un procedimiento similar a, al menos, 21 trabajadores extranjeros.
En este caso, el asesor cobraba, por su 'intermediación laboral', a cada inmigrante estafado, en su práctica totalidad de procedencia senegalesa, entre 350 y 1.500 euros.
