La portavoz de Unió Democrática de Cataluña (UCD), Marta Llorens, descartó ayer la dimisión de su presidente, Josep Antoni Duran i Lleida, por la financiación ilegal en el 'caso Pallerols', como pidieron entre otros el PP y ERC después de que el partido llegara a un acuerdo para evitar el juicio con la devolución de 388.000 euros tras reconocer que se desviaron fondos europeos a la formación política en los años 90.
Llorens pidió disculpas, pero descartó dimisiones en la dirección porque ésta desconocía los hechos del 'caso Pallerols', de manera que los beneficios que el partido recibió llegaron 'sin conocimiento' de la cúpula de la formación.
De este modo, UDC devolverá estos fondos -a través de un crédito a repartir entre las distintas partes afectadas- al asumir así la 'responsabilidad civil' derivada de que algunos dirigentes de Unió, ahora apartados del partido, sí cometieron 'actos ilícitos' con los que financiaron mobiliario y alquiler de sedes, sin 'conocimiento en ningún momento' de la dirección. Llorens subrayó que Unió 'no está condenada por financiación irregular', de manera que no se cumple la premisa para que Duran cumpla con lo que afirmó en el año 2000, cuando dijo que dimitiría si se demostraba que era responsable.
ASUMIR RESPONSABILIDADES
La negativa de los democristianos llega después de que ERC, el PP, Ciutadans y UpyD reclamaran la dimisión de su líder, Josep Antoni Duran Lleida, que ayer no se dejó ver porque viajó a Chile como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.
Así, el portavoz de ERC en el Parlamento, Oriol Amorós, pidió a Duran que sea 'consecuente' y asuma responsabilidades políticas con su dimisión, porque es el 'principal patrimonio que tiene una persona'. 'Ya ha habido un pronunciamiento judicial. Estamos esperando que se asuman responsabilidades claras', zanjó.
También, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, afirmó que 'si tiene palabra y dignidad política debe dimitir', una petición con la que coincide el portavoz del PSC, Jaume Collboni, tras escuchar las explicaciones que ofreció Marta Llorens y que tildó de 'incoherentes y una tomadura de pelo'.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, invitó al secretario general de Unió a dimitir tras demostrarse que su partido se financió ilegalmente, tal y como él mismo prometió que haría si se demostraba esa irregularidad hace ahora trece años, porque, dijo, 'en política hay que ser coherente y no actuar con frivolidad'. Mientras el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo comprender la indignación ciudadana que puedo generar el caso, pero eludió hablar de si deben asumirse responsabilidades políticas por este asunto.
También, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) solicitó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, rindan cuentas en el Congreso por la 'alarma social' que, a su juicio, provocó, por un lado la resolución del 'caso Pallerols' y, por otro, la política de indultos aplicada por el Gobierno.
En este sentido, Torres-Dulce, aseguró que no hubo trato de favor y señaló que el tiempo que tardó la instrucción del proceso es 'excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho'. 'No se puede justificar un proceso que dure 20 años, es un escándalo y se pagan las consecuencias, la ley ofrece atenuantes por dilaciones que pasan factura', dijo.
Finalmente, UPyD exigió al Gobierno quitar directamente de las subvenciones estatales que corresponden a Unió, los 388.000 euros procedentes de fondos europeos que la formación desvió para su financiación.
De este modo, UDC devolverá estos fondos -a través de un crédito a repartir entre las distintas partes afectadas- al asumir así la 'responsabilidad civil' derivada de que algunos dirigentes de Unió, ahora apartados del partido, sí cometieron 'actos ilícitos' con los que financiaron mobiliario y alquiler de sedes, sin 'conocimiento en ningún momento' de la dirección. Llorens subrayó que Unió 'no está condenada por financiación irregular', de manera que no se cumple la premisa para que Duran cumpla con lo que afirmó en el año 2000, cuando dijo que dimitiría si se demostraba que era responsable.
ASUMIR RESPONSABILIDADES
La negativa de los democristianos llega después de que ERC, el PP, Ciutadans y UpyD reclamaran la dimisión de su líder, Josep Antoni Duran Lleida, que ayer no se dejó ver porque viajó a Chile como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.
Así, el portavoz de ERC en el Parlamento, Oriol Amorós, pidió a Duran que sea 'consecuente' y asuma responsabilidades políticas con su dimisión, porque es el 'principal patrimonio que tiene una persona'. 'Ya ha habido un pronunciamiento judicial. Estamos esperando que se asuman responsabilidades claras', zanjó.
También, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, afirmó que 'si tiene palabra y dignidad política debe dimitir', una petición con la que coincide el portavoz del PSC, Jaume Collboni, tras escuchar las explicaciones que ofreció Marta Llorens y que tildó de 'incoherentes y una tomadura de pelo'.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, invitó al secretario general de Unió a dimitir tras demostrarse que su partido se financió ilegalmente, tal y como él mismo prometió que haría si se demostraba esa irregularidad hace ahora trece años, porque, dijo, 'en política hay que ser coherente y no actuar con frivolidad'. Mientras el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo comprender la indignación ciudadana que puedo generar el caso, pero eludió hablar de si deben asumirse responsabilidades políticas por este asunto.
También, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) solicitó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, rindan cuentas en el Congreso por la 'alarma social' que, a su juicio, provocó, por un lado la resolución del 'caso Pallerols' y, por otro, la política de indultos aplicada por el Gobierno.
En este sentido, Torres-Dulce, aseguró que no hubo trato de favor y señaló que el tiempo que tardó la instrucción del proceso es 'excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho'. 'No se puede justificar un proceso que dure 20 años, es un escándalo y se pagan las consecuencias, la ley ofrece atenuantes por dilaciones que pasan factura', dijo.
Finalmente, UPyD exigió al Gobierno quitar directamente de las subvenciones estatales que corresponden a Unió, los 388.000 euros procedentes de fondos europeos que la formación desvió para su financiación.
