La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la puesta en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria tras constatar que la Administración General del Estado dispone de 55.000 edificios y que, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres.
Según estimaciones que hizo públicas en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, hay patrimonio sin utilizar en el centro de Madrid por valor de 500 millones de euros.
Tras recordar el compromiso de austeridad del Gobierno, consideró que resulta 'inaceptable' que haya inmuebles a los que no se da ningún uso y defendió la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio. Este plan establecería pautas homogéneas para la gestión de los 55.000 edificios que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye a la Administración General del Estado.
El programa definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación.
REDUCCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS
Por lo anterior, la vicepresidencia del Gobierno, ratificó que se estudia una 'reducción inicial' de un 20 por ciento de las entidades públicas de la Administración General del Estado.
Según las cifras que aportó, hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios en todas las administraciones. 'Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros', Sáenz de Santamaría antes de calificar además de 'demoledora' la deuda de 60.000 millones de euros que acumulan, el triple que hace tres años. El objetivo es reducir, fusionar y eliminar entidades que 'no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello'.
LEY DE TRANSPARENCIA
Ante el panorama actual, Sáenz de Santamaría defendió asimismo la Ley de Transparencia que llegará al Consejo de Ministros antes de un mes y que se someterá a un periodo de información en las páginas web de los Ministerios durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.La norma incorporará sanciones para los responsables públicos que incumplan el objetivo de déficit, comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.
'La respuesta será contundente', señaló la vicepresidenta, quien concretó que una ley orgánica complementaria modificará el Código Penal para las sanciones a las conductas más graves que llevarán aparejadas penas de inhabilitación.
Pero antes de esta ley, este mismo viernes el Consejo de Ministros aprobará la ley de estabilidad presupuestaria, que, instó, cumplirá el compromiso que España adquirió en la UE, impondrá límites estrictos al gasto público y sancionará a quienes se desvíen.
La ley devolverá además al Senado la capacidad de vetar el techo de gasto que diseñe el Gobierno antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
PRESUPUESTOS EN 2012, AUSTEROS Y REALISTAS
Con la cifra definitiva de déficit de 2011 -8,51 por ciento del PIB frente al 6 por ciento comprometido- y el actual panorama de recesión, la vicepresidenta del Gobierno avanzó que los presupuestos de 2012 serán 'austeros, ajustados y realistas' y transformarán 'radicalmente' la forma de gestionar los recursos públicos.
Consideró que no era el momento de repartir culpas o buscar responsables del déficit, pero sí denunció que en 2006 se relajara el control por parte del Estado .En definitiva, Sáenz de Santamaría defendió a un Gobierno que, con sus reformas, 'destierra los motivos para la desconfianza y aporta razones para la comprensión y el esfuerzo colectivo'.
Tras recordar el compromiso de austeridad del Gobierno, consideró que resulta 'inaceptable' que haya inmuebles a los que no se da ningún uso y defendió la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio. Este plan establecería pautas homogéneas para la gestión de los 55.000 edificios que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye a la Administración General del Estado.
El programa definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación.
REDUCCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS
Por lo anterior, la vicepresidencia del Gobierno, ratificó que se estudia una 'reducción inicial' de un 20 por ciento de las entidades públicas de la Administración General del Estado.
Según las cifras que aportó, hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios en todas las administraciones. 'Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros', Sáenz de Santamaría antes de calificar además de 'demoledora' la deuda de 60.000 millones de euros que acumulan, el triple que hace tres años. El objetivo es reducir, fusionar y eliminar entidades que 'no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello'.
LEY DE TRANSPARENCIA
Ante el panorama actual, Sáenz de Santamaría defendió asimismo la Ley de Transparencia que llegará al Consejo de Ministros antes de un mes y que se someterá a un periodo de información en las páginas web de los Ministerios durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.La norma incorporará sanciones para los responsables públicos que incumplan el objetivo de déficit, comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.
'La respuesta será contundente', señaló la vicepresidenta, quien concretó que una ley orgánica complementaria modificará el Código Penal para las sanciones a las conductas más graves que llevarán aparejadas penas de inhabilitación.
Pero antes de esta ley, este mismo viernes el Consejo de Ministros aprobará la ley de estabilidad presupuestaria, que, instó, cumplirá el compromiso que España adquirió en la UE, impondrá límites estrictos al gasto público y sancionará a quienes se desvíen.
La ley devolverá además al Senado la capacidad de vetar el techo de gasto que diseñe el Gobierno antes de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
PRESUPUESTOS EN 2012, AUSTEROS Y REALISTAS
Con la cifra definitiva de déficit de 2011 -8,51 por ciento del PIB frente al 6 por ciento comprometido- y el actual panorama de recesión, la vicepresidenta del Gobierno avanzó que los presupuestos de 2012 serán 'austeros, ajustados y realistas' y transformarán 'radicalmente' la forma de gestionar los recursos públicos.
Consideró que no era el momento de repartir culpas o buscar responsables del déficit, pero sí denunció que en 2006 se relajara el control por parte del Estado .En definitiva, Sáenz de Santamaría defendió a un Gobierno que, con sus reformas, 'destierra los motivos para la desconfianza y aporta razones para la comprensión y el esfuerzo colectivo'.
