El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Cataluña al entender que su contenido 'no sólo no es compatible' con la carta magna sino que 'produce efectos', al plantear el inicio de un proceso 'para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos'.
Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien precisó que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la 'tercera vía' que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament del pasado 23 de enero. Y que espera que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo entienda. 'Cuando el Gobierno utiliza los instrumentos de la Constitución no significa que no haya voluntad de diálogo', afirmó la vicepresidenta, quien insistió en que existe la 'máxima voluntad de diálogo' con la Generalitat, con la que aspira a trabajar 'conjuntamente'.
Asimismo, hizo hincapié en que con esta decisión el Gobierno 'lo que hace es cumplir la Constitución y hacerla cumplir' y advirtió de que 'todos' deben 'estar en el principio de respeto a la legalidad'.
Dicho esto, Santamaría no quiso avanzar cuál será la reacción del Gobierno si la Generalitat catalana no atiende a la impugnación y sigue adelante cumpliendo la declaración soberanista. Pidió en cualquier caso respeto a la legalidad y a las decisiones del Constitucional.
'FUERA DE LUGAR'
Previamente a conocerse esta decisión, Mas calificó de 'completamente fuera de lugar' la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recurrir al Constitucional. 'No sé qué es lo que harán, pero todo apunta a que el Gobierno aprobará un recurso de una declaración que no es una ley, no es una decisión en firme, sólo es una declaración', avanzó.
Más, que ayer se reunió en la Generalitat con el primer ministro de Gales (Reino Unido), Carwyn Jones, señaló que la declaración de soberanía no tiene valor jurídico y que la autodeterminación es un derecho 'inalienable'. Posteriormente, fue la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la que tildó de 'lamentable' la decisión del Gobierno y precisó que se trata de un hecho 'inaudito, insólito y sin ningún precedente'. Para De Gispert, impugnar la declaración soberanista supone un acto 'fuera de toda lógica jurídica' que, además, actúa 'contra la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por el pueblo de Cataluña a través de su Parlament', afirmó.
En la misma línea, el secretario general de Ci, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró 'un error gravísimo' la decisión del Gobierno porque, a su juicio, 'alimenta el separatismo'. 'Después que no se rasguen las vestiduras', advirtió Duran quien, tras recordar que tanto el Parlamento catalán como el vasco ya aprobaron antes declaraciones políticas similares, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de 'cerrar otra puerta al diálogo' con este recurso. 'Es una decisión fruto de la miopía política', sentenció.
Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, consideró que la declaración de soberanía no estaría pendiente de un recurso del Gobierno ante el Constitucional si el texto se limitara a defender el derecho a decidir y cree, en este sentido, que 'lo que mal empieza, mal acaba'.
'Hay partidos que parece que lo que les gusta es el enfrentamiento. Si se hubiera aprobado nuestra propuesta, la declaración habría tenido un apoyo mayoritario y ahora el Gobierno y la Generalitat estarían dialogando', dijo.
Asimismo, hizo hincapié en que con esta decisión el Gobierno 'lo que hace es cumplir la Constitución y hacerla cumplir' y advirtió de que 'todos' deben 'estar en el principio de respeto a la legalidad'.
Dicho esto, Santamaría no quiso avanzar cuál será la reacción del Gobierno si la Generalitat catalana no atiende a la impugnación y sigue adelante cumpliendo la declaración soberanista. Pidió en cualquier caso respeto a la legalidad y a las decisiones del Constitucional.
'FUERA DE LUGAR'
Previamente a conocerse esta decisión, Mas calificó de 'completamente fuera de lugar' la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recurrir al Constitucional. 'No sé qué es lo que harán, pero todo apunta a que el Gobierno aprobará un recurso de una declaración que no es una ley, no es una decisión en firme, sólo es una declaración', avanzó.
Más, que ayer se reunió en la Generalitat con el primer ministro de Gales (Reino Unido), Carwyn Jones, señaló que la declaración de soberanía no tiene valor jurídico y que la autodeterminación es un derecho 'inalienable'. Posteriormente, fue la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, la que tildó de 'lamentable' la decisión del Gobierno y precisó que se trata de un hecho 'inaudito, insólito y sin ningún precedente'. Para De Gispert, impugnar la declaración soberanista supone un acto 'fuera de toda lógica jurídica' que, además, actúa 'contra la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por el pueblo de Cataluña a través de su Parlament', afirmó.
En la misma línea, el secretario general de Ci, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró 'un error gravísimo' la decisión del Gobierno porque, a su juicio, 'alimenta el separatismo'. 'Después que no se rasguen las vestiduras', advirtió Duran quien, tras recordar que tanto el Parlamento catalán como el vasco ya aprobaron antes declaraciones políticas similares, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de 'cerrar otra puerta al diálogo' con este recurso. 'Es una decisión fruto de la miopía política', sentenció.
Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, consideró que la declaración de soberanía no estaría pendiente de un recurso del Gobierno ante el Constitucional si el texto se limitara a defender el derecho a decidir y cree, en este sentido, que 'lo que mal empieza, mal acaba'.
'Hay partidos que parece que lo que les gusta es el enfrentamiento. Si se hubiera aprobado nuestra propuesta, la declaración habría tenido un apoyo mayoritario y ahora el Gobierno y la Generalitat estarían dialogando', dijo.
