El Consejo de Ministros ha acordado hoy impugnar la declaración soberanista del Parlament de Cataluña después de que el Consejo de Estado emitiese ayer un dictámen que avala esta posibilidad.
La vicepresidenta ha explicado que el acuerdo alcanzado autoriza al presidente Mariano Rajoy a 'recurrir' la resolución 5.10 del Parlamento de Cataluña por la que se declara la soberanía del pueblo catalán 'y se inicia un proceso para hacer efectiva dicha soberanía'.
Según el artículo 161 de la Constitución, 'el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas'.
'La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses', añade el citado artículo.
La vicepresidenta ha subrayado que la obligación del Ejecutivo es 'cumplir y hacer cumplir las leyes'
Con esta decisión, el Gobierno asume la tesis del Consejo de Estado y apuesta por impugnar la declaración del Parlament, que define a Cataluña como un 'sujeto político y jurídico soberano'.
El Ejecutivo solicitó el dictámen al órgano consultivo el pasado 8 de febrero tras obtener un informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación de la declaración soberanista.
Según el artículo 161 de la Constitución, 'el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas'.
'La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses', añade el citado artículo.
La vicepresidenta ha subrayado que la obligación del Ejecutivo es 'cumplir y hacer cumplir las leyes'
Con esta decisión, el Gobierno asume la tesis del Consejo de Estado y apuesta por impugnar la declaración del Parlament, que define a Cataluña como un 'sujeto político y jurídico soberano'.
El Ejecutivo solicitó el dictámen al órgano consultivo el pasado 8 de febrero tras obtener un informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación de la declaración soberanista.
