La Agencia Tributaria entregó al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena y del presunto desvío de fondos cometido a través del Instituto Nóos, un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad presidida entre 2004 y 2006 por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, con otras sociedades mercantiles vinculadas a él y a su entorno y que corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro.
Los datos aportados por Hacienda revelan así las numerosas entradas y salidas que se dio al dinero de Nóos, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sus operaciones fiscales así como los diversos cobros que percibió por parte de entidades públicas como privadas.
El informe alude a lo largo de sus páginas, entre números y números, al entramado societario urdido, según los investigadores, tanto por el marido de la Infanta Cristina como por quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, cuando ambos estaban al frente de esta entidad, haciendo uso para ello de unas sociedades vinculadas a Nóos. Las pesquisas de la Operación Babel apuntan a que todo ello iba dirigido a apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios 'totalmente desproporcionados' por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos 'ficticios'.
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro,así lo hizo constar en el auto que dictó para registrar varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros.
El informe alude a lo largo de sus páginas, entre números y números, al entramado societario urdido, según los investigadores, tanto por el marido de la Infanta Cristina como por quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, cuando ambos estaban al frente de esta entidad, haciendo uso para ello de unas sociedades vinculadas a Nóos. Las pesquisas de la Operación Babel apuntan a que todo ello iba dirigido a apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios 'totalmente desproporcionados' por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos 'ficticios'.
El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro,así lo hizo constar en el auto que dictó para registrar varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros.
