El Tribunal de Cuentas condenó a los herederos del exalcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil a devolver a la ciudad 105 millones de euros en una sentencia que estima una demanda de responsabilidad contable interpuesta por el ministerio fiscal en noviembre de 2005 a la que se adhirió tres años más tarde el Ayuntamiento, ya con Ángeles Muñoz al frente del equipo de gobierno municipal.
La sentencia, emitida el pasado 12 de abril, cifra en 66,5 millones de euros los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, declarando responsables directos solidarios a los cuatro hijos de Jesús Gil y Gil -Jesús, Miguel Ángel, Fernando y María Ángeles Gil Marín-, así como al exteniente de alcalde Pedro Román, a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque y al exalcalde Julián Muñoz.
Los cuatro herederos del exalcalde fueron condenados a pagar a la institución municipal de forma solidaria los 66,5 millones de euros, cantidad a la que se suman más de 39 millones de euros por los intereses. El tribunal declara la transmisión de la responsabilidad contable del exalcalde a sus herederos por los daños causados a los fondos públicos del Ayuntamiento como consecuencia de las irregularidades contables que tuvieron lugar entre 1994 y 1999.
'El demandado don Gregorio Jesús Gil y Gil fue alcalde de Marbella en el momento de los hechos enjuiciados, y al haber fallecido esa defunción no extingue la responsabilidad civil ni la contable derivada del ejercicio de sus funciones como alcalde, sino que se transmite a sus causahabientes como responsables directos por sucesión', establece la sentencia hecha pública sobre los familiares de Gil.
derechos y obligaciones'
El Tribunal de Cuentas considera que al haber aceptado la herencia de su padre, los cuatro hijos de Gil lo suceden 'en todos sus derechos y obligaciones', a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer éste, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que ese organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas.
La sentencia es producto de un procedimiento de reintegro por alcance contable abierto en el Tribunal de Cuentas a partir del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente al periodo 1990-1999. Este estudio detectó graves anomalías en la gestión de las empresas públicas, que fueron creadas por el equipo de Jesús Gil para gestionar diversas áreas municipales tan pronto como accedió al poder en 1991.
Ante la sentencia cabe ahora un recurso de apelación aunque de momento se desconoce si se tramitará.
Los cuatro herederos del exalcalde fueron condenados a pagar a la institución municipal de forma solidaria los 66,5 millones de euros, cantidad a la que se suman más de 39 millones de euros por los intereses. El tribunal declara la transmisión de la responsabilidad contable del exalcalde a sus herederos por los daños causados a los fondos públicos del Ayuntamiento como consecuencia de las irregularidades contables que tuvieron lugar entre 1994 y 1999.
'El demandado don Gregorio Jesús Gil y Gil fue alcalde de Marbella en el momento de los hechos enjuiciados, y al haber fallecido esa defunción no extingue la responsabilidad civil ni la contable derivada del ejercicio de sus funciones como alcalde, sino que se transmite a sus causahabientes como responsables directos por sucesión', establece la sentencia hecha pública sobre los familiares de Gil.
derechos y obligaciones'
El Tribunal de Cuentas considera que al haber aceptado la herencia de su padre, los cuatro hijos de Gil lo suceden 'en todos sus derechos y obligaciones', a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer éste, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que ese organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas.
La sentencia es producto de un procedimiento de reintegro por alcance contable abierto en el Tribunal de Cuentas a partir del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente al periodo 1990-1999. Este estudio detectó graves anomalías en la gestión de las empresas públicas, que fueron creadas por el equipo de Jesús Gil para gestionar diversas áreas municipales tan pronto como accedió al poder en 1991.
Ante la sentencia cabe ahora un recurso de apelación aunque de momento se desconoce si se tramitará.
