El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó ayer que durante las pasadas Navidades personas del entorno de la banda ETA volvieron a extorsionar a comerciantes en el País Vasco, lo que a su juicio demuestra que, 'aunque tiene disminuida su capacidad operativa', quiere 'mantener un aparato logístico latente'.
'Esa información corresponde a la realidad porque lo vivieron personas', comenzó diciendo el ministro sobre estos casos de extorsión, que relacionó con la intención de ETA de 'mantener un aparato logístico en estado latente y a la espera'. 'Eso hace pensar en la sinceridad y en la bondad de sus propósitos, en todo caso, el Estado está muy vigilante', zanjó el ministro tras reunirse con el consejero de Seguridad de Cataluña, Felip Puig.
DE MANERA 'DELICADA'
El ministro confirmó así las informaciones publicadas en distintos medios y detalló la extorsión que se produjo 'de una manera más delicada que cuando se pedía el 'impuesto revolucionario'. 'Pero es verdad que se produjo y supongo que si salió en los medios es porque comerciantes y personas individuales tuvieron esa experiencia que no es alegre y los denunciaron. Eso confirma que tenemos que seguir trabajando todavía', afirmó. Sobre la investigación abierta tras las últimas detenciones de tres miembros de ETA en Francia, afirmó no tener 'ninguna duda de que había una intención de reconstruir el 'aparato logístico' de ETA, lo cual engarza con que tiene ahora su capacidad operativa mermada, pero no desapareció y sigue existiendo'.
Fernández Díaz se refirió a su visita al País Vasco para una reunión con el consejero vasco de Interior Rodolfo Ares y admitió que 'previsiblemente' hablarán sobre la reducción de escoltas que ya inició el Ejecutivo de López y la que pretende su departamento. En ese sentido aclaró que 'el argumento fundamental' para plantearse un estudio en profundidad sobre la adaptación de esos servicios de protección de personas 'viene derivado de la situación económica'.
PIDEN 55 AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo su petición de 55 años de prisión para los tres miembros del 'comando Otazua' -que ayer desafiaron con gritos de 'Gora ETA' a este tribunal- por el atentado con bomba-lapa en el vehículo de un edil del PSE en el que resultó herido su escolta. En su informe de conclusiones, el fiscal Jesús Santos acusó de dos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y uno de lesiones a Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria porque su intención era 'causar la muerte' tanto del concejal Juan Carlos Domingo como la de su escolta' Gabriel Ginés.
DE MANERA 'DELICADA'
El ministro confirmó así las informaciones publicadas en distintos medios y detalló la extorsión que se produjo 'de una manera más delicada que cuando se pedía el 'impuesto revolucionario'. 'Pero es verdad que se produjo y supongo que si salió en los medios es porque comerciantes y personas individuales tuvieron esa experiencia que no es alegre y los denunciaron. Eso confirma que tenemos que seguir trabajando todavía', afirmó. Sobre la investigación abierta tras las últimas detenciones de tres miembros de ETA en Francia, afirmó no tener 'ninguna duda de que había una intención de reconstruir el 'aparato logístico' de ETA, lo cual engarza con que tiene ahora su capacidad operativa mermada, pero no desapareció y sigue existiendo'.
Fernández Díaz se refirió a su visita al País Vasco para una reunión con el consejero vasco de Interior Rodolfo Ares y admitió que 'previsiblemente' hablarán sobre la reducción de escoltas que ya inició el Ejecutivo de López y la que pretende su departamento. En ese sentido aclaró que 'el argumento fundamental' para plantearse un estudio en profundidad sobre la adaptación de esos servicios de protección de personas 'viene derivado de la situación económica'.
PIDEN 55 AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo su petición de 55 años de prisión para los tres miembros del 'comando Otazua' -que ayer desafiaron con gritos de 'Gora ETA' a este tribunal- por el atentado con bomba-lapa en el vehículo de un edil del PSE en el que resultó herido su escolta. En su informe de conclusiones, el fiscal Jesús Santos acusó de dos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y uno de lesiones a Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria porque su intención era 'causar la muerte' tanto del concejal Juan Carlos Domingo como la de su escolta' Gabriel Ginés.
