La Policía informa desde la medianoche de ayer ayer a los asistentes a las concentraciones que se están desarrollando en toda España de que éstas no cuentan con autorización administrativa, pero no las disolverá porque la ley no ampara esa medida, según informaron fuentes del Ministerio del Interior.
Los concentrados y las personas que pretendan sumarse a ellos serán informadas de las sanciones a las que se exponen, previstas en la Ley Electoral y en la Ley de Seguridad Ciudadana, añaderon las fuentes, que insistieron en que la falta de autorización de una manifestación de este tipo no es motivo suficiente para su disolución según la legislación española y europea.
Los 'indignados' gallegos mantienen sus concentraciones en las plazas de las principales ciudades de la comunidad amenizadas con actividades lúdicas y culturales, y piden y defienden que se respete su derecho a la reflexión, como consideren oportuno, pues lo harán de forma pacífica e integradora. La falta de amparo legal que tendría la orden de disolver las concentraciones fue puesta de manifiesto ayer en un informe elaborado por la Abogacía del Estado en el que se analiza la resolución dictada el pasado jueves por la Junta Electoral Central, que declaró 'contrarias a la legislación electoral' las manifestaciones que se desarrollen hoy -jornada de reflexión- y mañana- día de votación-.
SEGURIDAD CIUDADANA
Según las fuentes, en el informe se explica que el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que remite a la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión, establece que sólo se puede disolver una manifestación cuando suponga un ilícito penal o una alteración del orden público que ponga en riesgo la integridad de personas o bienes o cuando sus asistentes vistan ropas paramilitares. La falta de autorización administrativa, por tanto, no es motivo suficiente para que la autoridad gubernativa ordene la disolución de las concentraciones, concluyó la Abogacía del Estado.
El dictamen de los servicios jurídicos del Estado, además, está en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que hace unos meses condenó al Gobierno turco por disolver por la fuerza una manifestación pacífica que no estaba autorizada.
Mientras tanto, el movimiento ciudadano 15-M optó por la resistencia pasiva y mantiene sus concentraciones en numerosas ciudades españolas. Así, miles de personas continúan participando en las concentraciones, incluida la de la Puerta del Sol, a pesar de que la Junta Electoral Provincial de Madrid también prohibió la protesta de ayer y donde cientos de personas decidieron en una asamblea mantener la concentración.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado 'saben lo que tienen que hacer', ante las concentraciones, según aseguró el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien añadió que la Policía y la Guardia Civil actuarán 'hoy, mañana y pasado' bajo los principios de la 'congruencia, oportunidad y proporcionalidad'. El ministro del Interior hizo una llamada a la tranquilidad de los ciudadanos, porque, según dijo, en casos como éste lo que tiene que hacer el Gobierno es explicar que 'no corre peligro nada', pues 'la gente ejerce sus derechos y la Policía garantiza que esos derechos se ejercen en el marco de la ley'.
El Gobierno habló con las comunidades con fuerzas de seguridad propias, y en el caso de Cataluña, la Generalitat ya dijo que será 'flexible' a la hora de hacer cumplir la decisión del órgano electoral.
GUARDERÍA Y ENFERMERÍA
Mientras tanto, los concentrados en Sol están cada vez más preparados, y ya cuentan con una enfermería que atendió bajadas de tensión o incluso una crisis epiléptica, así como una guardería para cuidar a los niños de los que quieren participar en las movilizaciones o en las asambleas en las que se siguen votando las decisiones de esta improvisada comunidad.
Los 'indignados' gallegos mantienen sus concentraciones en las plazas de las principales ciudades de la comunidad amenizadas con actividades lúdicas y culturales, y piden y defienden que se respete su derecho a la reflexión, como consideren oportuno, pues lo harán de forma pacífica e integradora. La falta de amparo legal que tendría la orden de disolver las concentraciones fue puesta de manifiesto ayer en un informe elaborado por la Abogacía del Estado en el que se analiza la resolución dictada el pasado jueves por la Junta Electoral Central, que declaró 'contrarias a la legislación electoral' las manifestaciones que se desarrollen hoy -jornada de reflexión- y mañana- día de votación-.
SEGURIDAD CIUDADANA
Según las fuentes, en el informe se explica que el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que remite a la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión, establece que sólo se puede disolver una manifestación cuando suponga un ilícito penal o una alteración del orden público que ponga en riesgo la integridad de personas o bienes o cuando sus asistentes vistan ropas paramilitares. La falta de autorización administrativa, por tanto, no es motivo suficiente para que la autoridad gubernativa ordene la disolución de las concentraciones, concluyó la Abogacía del Estado.
El dictamen de los servicios jurídicos del Estado, además, está en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que hace unos meses condenó al Gobierno turco por disolver por la fuerza una manifestación pacífica que no estaba autorizada.
Mientras tanto, el movimiento ciudadano 15-M optó por la resistencia pasiva y mantiene sus concentraciones en numerosas ciudades españolas. Así, miles de personas continúan participando en las concentraciones, incluida la de la Puerta del Sol, a pesar de que la Junta Electoral Provincial de Madrid también prohibió la protesta de ayer y donde cientos de personas decidieron en una asamblea mantener la concentración.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado 'saben lo que tienen que hacer', ante las concentraciones, según aseguró el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien añadió que la Policía y la Guardia Civil actuarán 'hoy, mañana y pasado' bajo los principios de la 'congruencia, oportunidad y proporcionalidad'. El ministro del Interior hizo una llamada a la tranquilidad de los ciudadanos, porque, según dijo, en casos como éste lo que tiene que hacer el Gobierno es explicar que 'no corre peligro nada', pues 'la gente ejerce sus derechos y la Policía garantiza que esos derechos se ejercen en el marco de la ley'.
El Gobierno habló con las comunidades con fuerzas de seguridad propias, y en el caso de Cataluña, la Generalitat ya dijo que será 'flexible' a la hora de hacer cumplir la decisión del órgano electoral.
GUARDERÍA Y ENFERMERÍA
Mientras tanto, los concentrados en Sol están cada vez más preparados, y ya cuentan con una enfermería que atendió bajadas de tensión o incluso una crisis epiléptica, así como una guardería para cuidar a los niños de los que quieren participar en las movilizaciones o en las asambleas en las que se siguen votando las decisiones de esta improvisada comunidad.
